Tal como lo había anticipado SEMANA, la Cámara de Representantes acaba de declarar, por tercera vez consecutiva, desierto el proceso de contratación con el que pretendía permutar 47 camionetas blindadas de su propiedad que permanecen sin uso en un parqueadero de la entidad. Lo curioso es que, según la Resolución 010 de 2023, contrario a lo que había ocurrido en otras oportunidades, esta vez ni siquiera se presentaron proponentes.
Casi todos los automotores eran usados como parte de esquemas de protección de congresistas y funcionarios de la entidad, pero hoy las camionetas para brindar seguridad las provee directamente la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según un documento de la Dirección Administrativa de la Cámara, conocido por SEMANA, el mantenimiento en repuestos, seguros e impuestos de estos automotores, así permanezcan parqueados, le cuesta a la entidad 946 millones de pesos al año. De las 47 camionetas, 40 tienen más de diez años de antigüedad y 200.000 kilómetros encima.
Lo más complicado de esta ‘encrucijada’ es que mientras dure el proceso, que ya se ha extendido por cerca de seis meses, los vehículos deben permanecer parqueados, evitando más desgaste y problemas.
En la corporación ya no saben a qué figura acudir para deshacerse de estos vehículos ni de dónde sacar los cerca de 1.000 millones que vale el mantenimiento de estos vehículos, pues no hacerles arreglos y dejarlos dañar podría significar un detrimento patrimonial.