Desde las 9:00 a.m. el capitolio vivirá una jornada sin antecedentes. A esa hora, Senado y Cámara de Representantes fueron citados para la decisión más trascendental del último tiempo en el país: la refrendación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, firmado hace unos días, el pasado jueves 24 de noviembre, en el Teatro Colón, a pocos pasos del edificio del Congreso.Puede leer: Ponencia: Fast Track sí pero con refrendación popularY no hay antecedentes porque nunca un Congreso colombiano ha tenido esa misión. Por ejemplo, el último acuerdo de paz exitoso del que haya habido noticia, el del M-19, fue antes de la Constitución de 1991. Por cuenta del movimiento de la Séptima Papeleta, el Congreso tuvo que ser revocado y se llamaron a nuevas elecciones para elegir a los constituyentes. Ellos fueron quienes diseñaron, durante casi seis meses, la vigente Carta Política, y allí tuvieron participación algunos desmovilizados del M-19. Lo que el Senado y la Cámara harán, en últimas, será enmendar la decisión del plebiscito el pasado 2 de octubre. El presidente Juan Manuel Santos se había comprometido en que los ciudadanos tendrían la última palabra frente al acuerdo de paz con las FARC, aunque jurídicamente no estaba obligado a ello. Dicho acuerdo fue rechazado, aunque por una estrecha diferencia (49% por el Sí, 51% por el No). Los voceros del No aseguran que las plenarias de Senado y Cámara fraguarán el mayor ‘conejo’ a la democracia colombiana en toda su historia, pues insisten en que la refrendación del acuerdo de paz debe ser consultando al pueblo; los partidos políticos aliados del gobierno en los asuntos de paz, en cambio, sostienen que el Congreso es el legítimo representante del pueblo. La refrendación de los acuerdos se hará mediante un debate al que fueron citados los negociadores del gobierno, e invitados diferentes expresiones ciudadanas del Sí y el No. Todos los congresistas pueden intervenir y perfectamente el debate podría extenderse varios días, al menos hasta el jueves. A su término, el nuevo acuerdo de paz se someterá a votación. Nadie pone en duda que el Congreso lo refrende. Le puede interesar: La paz sin UribePero el debate de la refrendación se inicia con un nuevo ingrediente. La ponencia de la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle, que condiciona la implementación de los acuerdos por el procedimiento abreviado, denominado ‘fast-track’ a la refrendación popular, que en teoría sería en las urnas y no en el Congreso. De ser así, el gobierno estaría en la obligación de una nueva convocatoria a las urnas o de otro mecanismo de refrendación popular para poder implementar el nuevo acuerdo de paz a la mayor brevedad. De lo contrario, las leyes y reformas tendrían que tramitarse conforme al actual reglamento del Congreso, y la implementación podría extenderse perfectamente más de dos años. “El ‘fast-track’ no es un capricho” Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, advirtió que la paz estaría en serios aprietos si el mecanismo abreviado, consagrado en el acto legislativo para la paz, se cae en la Corte Constitucional. Así lo manifestó 24 horas antes del debate de refrendación, en una reunión que sostuvo con el partido Alianza Verde. “El fast-track no es un capricho, ni es un deseo de colocar contra la pared a quienes se oponen. Es una necesidad”. De la Calle lo dice porque las FARC, en las últimas horas, se han ido preagrupando para dar el paso hacia el ingreso a las Zonas Veredales de Normalización. Y hasta tanto esa fase no se produzca, el cese al fuego atraviesa una situación de fragilidad. “No es un invento mío”, dijo refiriéndose a recientes situaciones registradas en el Sur de Bolívar y en Tumaco, Nariño. Según De la Calle, cada día que pase sin la implementación, el cese al fuego será más frágil, pues consideró que el día en que un frente preagrupado necesite dinero, puede repetir caminos delincuenciales como el narcotráfico y la extorsión. Ahí podría acabarse el cese al fuego. “Esto no resiste hasta diciembre”. Sin el ‘fast-track’ la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- podría empezar a funcionar hasta finales del 2017, pero con el procedimiento abreviado, en el primer semestre. Y la JEP, según De la Calle, será la encargada de definir qué conductas son conexas con el delito político para las amnistías de los casos más difíciles, los del secretariado de la guerrilla.“Si esto no ocurre rápidamente yo no creo que una guerrilla esté un año sentada esperando a ver qué ocurre en el Congreso”, advierte el jefe negociador.“Sin fast track no hay paz” El gobierno no se declaró preocupado con la ponencia, y espera que sea derrotada en la Corte. Porque de ser aprobada, el acuerdo de paz pasaría por una etapa angustiosa. Este lunes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con la coalición de partidos políticos por la paz, y allí se ventilaron ciertas preocupaciones. Primero, la estrategia será defender el mandato del Congreso, y que los “legítimos representantes del pueblo” sí tienen la capacidad de refrendar los acuerdos, y que esa refrendación tenga carácter de popular. En palabras del ministro Cristo “lo que tiene quedar claro es que la refrendación va vía congreso igual que la implementación, sin importar si es vía ordinaria o fast-track, dependiendo de lo que se decida por los magistrados y destacar que lo que se está haciendo es una refrendación popular indirecta”. El presidente del partido de la U, Armando Benedetti, al término de esa reunión fue más temerario. “Si no hay fast-track no hay paz”. Este martes comienza la etapa de la refrendación. Al momento en que culmine, con la decisión de Senado y Cámara, comenzarán a correr los 150 días de los que habló el presidente Juan Manuel Santos para que las FARC entreguen hasta la última de sus pistolas. Pero sin ‘fast-track’ esos 150 días podrían prolongarse más de la cuenta.