Las acciones populares, una especie de tutela que sirve para la protección de los derechos colectivos y la moralidad administrativa, fueron reformadas por el Congreso. Este martes, la plenaria del Senado aprobó en cuarto debate un controvertido proyecto al que el Gobierno le había puesto máximo interés. Ahora pasará a sanción presidencial. La nueva ley, según le explicó a semana.com el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, reduce entre 10 y 50 salarios mínimos los incentivos económicos para quienes recurren a esta figura para demandar derechos colectivos. Actualmente, la Constitución establece, como incentivo económico de las acciones populares, 10 y 150 salarios mínimos en caso de ganar la acción popular, equivalente a un 15 por ciento de la demanda. Por eso, el Gobierno consideraba que esa “recompensa monetaria” ha tenido un “resultado perverso”, en palabras del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Y es que para el Gobierno, los litigantes estaban recurriendo a la acción popular, no tanto por su preocupación por el bien común y por los derechos colectivos, sino para obtener ese premio monetario, lo cual los habría convertido en cazarrecompensas. Un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia realizado con ocasión de los 10 años de entrada en vigencia de la ley que les dio vida da cuenta de cómo “para algunos empresarios ha habido abuso en su ejercicio”, y dicen que hay un incremento en la temeridad con que se ponen las acciones populares que los involucran y que “las decisiones judiciales desconocen en muchos casos la situación económica del país, generando crisis económicas en las empresas”. El objetivo del Gobierno, al comienzo de la presente legislatura, era eliminar de tajo los incentivos económicos. Pero en los cuatro debates en el Congreso, se encontró la fórmula intermedia de no suprimirlos del todo, pero sí de reducirlos. Los defensores de las acciones populares le habían pedido al Congreso mantener los pagos, con el argumento que sin esos recursos no hay cómo costear los gastos que exige un proceso de esta naturaleza. “El deber de solidaridad no es sinónimo de gratuidad”, argumenta el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, en un documento que enviaron al Congreso. También, utilizando como buen antecedente, recordaron que las acciones populares sirvieron para destapar escándalos como la compra irregular de acciones de Invercolsa por parte del exministro Fernando Londoño, o para evitar la construcción en el humedal La Conejera en Bogotá y para atender las exigencias ambientales de quienes viven cerca de los basureros. Así mismo, algunos municipios han realizado obras en el espacio público para atender las necesidades de los discapacitados, obligados por acciones populares. El jurista Rodrigo Uprimy, de la corporación DeJusticia, en una reciente columna para Semana.com controvirtió la tesis del Gobierno. “Es contradictoria si tenemos en cuenta que el gobierno ha recurrido insistentemente a las recompensas para quienes cumplan con su deber de denunciar a los delincuentes. Si el gobierno encuentra que esas recompensas son admisibles, ¿por qué le parece ilegítimo que se prevea un incentivo económico para quien defienda exitosamente un derecho colectivo?” Para muchos, las acciones populares bien manejadas son un mecanismo para atajar la corrupción o una irregularidad en contra del Estado en su relación con los particulares. Pero ese debate, que parecía ser de mayor profundidad, poco se dio en el Congreso. Este proyecto, convertido en ley este martes, tuvo poca atención mediática. Incluso las discusiones fueron rápidas y sin mayor controversia.