El clan Pushaina, conformado por 80 familias indígenas wayuu que se asientan en el municipio de Albania (La Guajira), acaba de ganar en los estrados una pelea con Cerrejón por la desviación del Arroyo Bruno.La Sección Cuarta del alto tribunal pidió que para la desviación de un tramo de 3,6 kilómetros del cauce, en una distancia de 700 metros, la empresa consulte a otras comunidades que se podían ver afectadas por la obra.Le recomendamos: ¿Qué ha pasado con la desviación de Arroyo Bruno en La Guajira?"El fallo da 30 días a las autoridades para que adelanten un proceso de consulta previa con todas las comunidades que se pudieran ver afectadas, a fin de establecer las formas “menos lesivas” en que la obra de desviación parcial del Arroyo Bruno se pueda realizar. El alto tribunal asegura que quiere proteger a las comunidades que en la ribera de Arroyo las comunidades ancestrales solían cazar, además de constituir una zona de tránsito y movilidad. También busca que los indígenas concerten con las empresa el uso de los lugares donde realizan ceremonias de tipo ritual, como ceremonias de armonización y de liberación de sueños. Por ello, se ordena tener en cuenta en la consulta las preocupaciones de la comunidad respecto a la desaparición de la cuenca del arroyo y la pérdida del recurso hídrico, la desaparición de zonas de movilidad y caza y de las especies que allí habitan.Cerrejón, por su parte, es enfático en que este no es un proyecto de extracción o de expansión de la compañía. Lo que se busca -dicen- es mantener los volúmenes actuales de producción y que las obras, que durarían alrededor de dos años, permitan la recuperación y conservación de la cuenca media y alta. El caso llegó al Consejo de Estado por cuenta de un fallo del Tribunal Superior de La Guajira, que amparó los derechos de las comunidades indígenas de La Horqueta 2 del Clan Pushaina. De hecho, puso de presente la evidente descoordinación interinstitucional de las entidades competentes ha influido en la falta de reconocimiento del derecho a la consulta previa.El problema radica en que para hacer consulta previa las comunidades deben estar reconocidas como indígenas en el Ministerio del Interior y para este proyecto ese organismo ya ha dicho en dos oportunidades que los accionantes no son grupos étnicos ancestrales.El alto tribunal asegura que no se puede entender el “interés general”, “el desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura minera como procesos aislados del impacto que dichas obras tienen en las comunidades locales implicadas.Así, los magistrados recogen decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia para indicar que no pueden pasar desapercibidos ante la grave crisis humanitaria que enfrenta actualmente el departamento de La Guajira. La problemática es causada, entre otras, por el desabastecimiento de agua y la falta de acceso a agua potable de los habitantes de la región, en especial de los miembros de la etnia wayuu. “Mal haría la Sala en analizar el caso sin tener en cuenta esta problemática de implicaciones enormes”, dice la sentencia de la Sección Cuarta del alto tribunal.Puede leer: Cerrejón responde a críticas por desviación del arroyo BrunoSemana.com se comunicó con Cerrejón, sin embargo, aseguraron que no aún no han sido notificados del fallo y por tanto no hay comunicación oficial sobre la decisión. En entrevista con este portal, con la vicepresidenta de asuntos públicos de Cerrejón, Lina Echeverri, aseguró hace unas semanas que la intervención del arroyo Bruno no significa en ningún momento la desaparición de este cuerpo de agua. “Lo que Cerrejón ha hecho es la modificación de una parte de su cauce llegando a su desembocadura. Este trabajo se está dando en la cuenca baja del arroyo”, dijo. Indicó que esta obra de ingeniería se requiere para mantener los actuales niveles de producción de la mina y por ende de empleo y de generación de beneficios para la Nación y el Departamento. Y agregó que la tutela fue instaurada por algunas comunidades que no están ubicadas cerca al proyecto para participar en la consulta previa. "Quiero aclarar que para el proyecto se hizo una consulta previa durante dos años y medio con el ministerio del Interior", indicó.