Por: Julián Gómez*El corazón del departamento del Chocó, que alberga unas 9.000 especies de plantas vasculares, 200 mamíferos, 600 aves, 100 reptiles y 120 anfibios, es uno de los lugares estratégicos para la explotación de minerales en Colombia. Desde comienzos del siglo pasado sus ríos ricos en oro, platino, plata y zinc han atraído el interés de empresas transnacionales y de grupos ilegales que han extraído sus reservas.En consecuencia, 80 años de deforestación, sedimentación de las fuentes hídricas y vertimiento de mercurio, han llevado a que en la cuenca del río Atrato se concentre el mayor número de especies amenazadas del país. Así mismo, la presencia de grupos armados y la ausencia de regulación estatal sobre los procesos de extracción en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI han llevado al desplazamiento tanto de especies como de personas en las regiones del Alto, Medio y Bajo Atrato, como lo revelan las investigaciones de Tierra Digna, Centro de Estudios para la Justicia Social.Desde comienzos del siglo la explotación de oro de aluvión en tierras chocoanas fue una de las principales fuentes de ingreso en la región y, debido a su alta rentabilidad, ha mantenido su importancia, como lo demuestra la investigación ¿Por qué es pobre el Chocó?, del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República.Puede leer: Peter Wade, el antropólogo inglés que más conoce la historia del ChocóPor esa misma época, la concesión de títulos mineros a empresas extranjeras alrededor de los ríos Atrato, San Juan y Condoto permitió la introducción de dragas eléctricas al proceso de extracción de oro y especialmente de platino (minería mecanizada), lo cual transformó esa labor artesanal en una de tipo industrial.Las consecuencias de dicha transformación no se hicieron esperar y los impactos socioambientales fueron evidentes. La ausencia de una regulación estatal eficiente produjo un desequilibrio entre los derechos de la comunidad y los límites y las prácticas de explotación de las grandes transnacionales, como la compañía Chocó Pacífico.Mercurio y evasiónLas nuevas tecnologías traídas por multinacionales como esta, permitieron mayor eficiencia y productividad en el proceso de extracción. Sin embargo, la falta de control y reglamentación generaron consecuencias negativas como evasiones de impuestos, apropiaciones ilegales de tierras y ríos, destrucción de viviendas, afectación de cultivos, desapariciones y desplazamiento forzado.Por otra parte, desde la década de los noventa, la extracción de minerales del Atrato ha sido compartida por empresas extranjeras, como la Minera El Roble, y grupos ilegales, como el ELN y las Farc. Entre 1990 y 2015, al menos 5.736,43 hectáreas cercanas al río fueron concedidas a El Roble. Y se estima que el 99,2 por ciento de las unidades productivas mineras del Chocó operan de forma ilegal según el censo Minero Departamental de 2011 realizado por el Ministerio de Minas y Energía.La alta concentración de títulos y territorios mineros, y la falta de una regulación estatal eficiente, han generado que el vertimiento de desechos tóxicos y la evasión de impuestos sean frecuentes. En 2010 Colombia fue declarado por Mercury Watch como el segundo país con mayores niveles de liberación de mercurio en el mundo debido a que compañías como El Roble lo vierten de forma indiscriminada al Atrato y también deforestan sus bosques.Le recomendamos: El Atrato: testigo del olvidoDe otro lado, las transformaciones derivadas de la minería mecanizada, las precarias condiciones de infraestructura y la presencia de grupos armados como las Farc y el ELN, han potenciado los efectos negativos de la minería y han aumentado tanto el desplazamiento forzado como el de modalidad ‘gota a gota’.Las implicaciones socioambientales de más de 80 años de extracción minera en el Atrato han sido devastadoras. La pérdida de la biodiversidad, las elevadas concentraciones de mercurio en sus aguas y en las personas, y la violencia, han propiciado un escenario de pobreza, desigualdad, muerte y abandono para la región. Los recursos percibidos por las alcaldías municipales por motivo de regalías no se ven reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.En ese sentido, cabe preguntarnos si los discursos de desarrollo y crecimiento económico que apoyan y legitiman la extracción de minerales como una alternativa para aumentar el PIB y disminuir la pobreza no son más que un acto de corrupción y demagogía, que se traduce en un juego de varios ganadores con dos perdedores: el ecosistema del río Atrato y sus habitantes.*Economista y candidato a magíster en Economía de la Universidad de los Andes.