Hoy, un kilo de mercurio en el mercado negro cuesta cerca de 40 millones de pesos. El precio de este químico se disparó un 300 por ciento porque desde mediados de julio, según lo indica la ley, está prohibido su uso para la minería de oro. Ese cambio de precio golpeará duramente a quienes se dedican a la extracción aurífera ilegal. Y seguramente se sentirá así en municipios antioqueños como Segovia, Remedios, Buriticá y Amalfi, donde se concentra buena parte de esta actividad.En esas zonas la Gobernación de Antioquia ha concentrado sus esfuerzos para continuar con la formalización de los pequeños y medianos mineros, la tecnificación de los procesos y la efectividad de los operativos.En mayo de este año, la Policía de Urabá confiscó ocho pipetas que contenían 272 kilos de mercurio. Venían camufladas en un camión que transportaba bananos de exportación. Esta ha sido una de las incautaciones más grandes de esta sustancia en el departamento. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, el mercurio, que ingresaría de manera ilegal al país por la frontera ecuatoriana, se distribuye desde Medellín hacia los municipios.Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, advierte que el tema es muy sensible en la región. “A pesar de la capacitación y la sensibilización que hemos hecho, hasta el barequero porta su botella de mercurio. Pero no descansaremos en los operativos de incautaciones y capturas. Ya tenemos un mapa claro que indica dónde se utiliza esta sustancia en el departamento”.Hoy, gracias a estos operativos, se han intervenido 2.500 minas, decomisado 279,8 kilos de mercurio y capturado a unas 1.566 personas. A estos resultados se suman los del Plan Estratégico contra la Minería Ilegal. Una medida liderada por la Gobernación de Antioquia con el apoyo del Ejército y la Policía departamental, que incluye herramientas, vehículos y drones para identificar los lugares en los que se está utilizando mercurio para la extracción de oro.En Segovia y Buriticá a estas operaciones las anteceden investigaciones previas a cargo de organismos de inteligencia como la Sijín, que determinan el lugar exacto donde se encuentran los infractores. Una vez ubicados e identificados, la Policía y la Fiscalía intervienen y decomisan el mercurio, la maquinaria, los explosivos, las armas y realizan las capturas.La Policía notifica al cuerpo de bomberos departamental que lo transporta hacia la sede de la empresa Inoa, en Cali. Esta es la única compañía del país con autorización legal y capacidad para almacenarlo bajo todos los parámetros de seguridad.