En 2008 la Corte Constitucional estableció que la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. A partir de ese anuncio, la acción de tutela ha sido una de las principales herramientas de los colombianos para hacer valer esa condición. Según el más reciente informe de la Defensoría, 2017 fue el año de mayor interposición de estas, con un récord de 197.655. Esto significó un 20,54 por ciento más que en 2016. Estas cifras posicionan a la salud como el segundo derecho con más tutelas, después del de petición. Cada dos minutos se interpone este mecanismo en algún rincón del territorio nacional, y el 72,8 por ciento de estas solicitudes corresponden a servicios que aunque están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, no se prestan. Ante esta situación, además de exigir control, la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento directo a las fallas e incumplimientos por parte de las entidades prestadoras de salud del país. De esta manera facilita y acompaña la labor de entidades públicas como el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para que les garanticen este derecho a todos los colombianos. Dos casos que ejemplifican el panorama de la salud en el país son el hospital de San Andrés y la EPS Medimás. Intervención San Andrés En marzo de 2018, la Defensoría del Pueblo informó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría, sobre la grave situación que se presentaba en San Andrés y Providencia. De eso daban constancia las numerosas denuncias y tutelas interpuestas por los usuarios y trabajadores del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital. Cuando el ente de control llegó a las islas se encontró con el desabastecimiento total del laboratorio clínico y una insólita acumulación de citas para realizar intervenciones quirúrgicas. Se pasó de ejecutar 16 cirugías al día, a solo una. Esto generó el represamiento de más de 160 procedimientos programados. Luego de que la defensoría visibilizara la magnitud de la situación, el Ministerio de Salud diseñó un plan de contingencia. Se instaló en el territorio una mesa de seguimiento que luego de diez semanas de trabajo mostró un abastecimiento del 97 por ciento en el hospital. Operación Medimás EPS El trabajo de la Defensoría del Pueblo en la intervención de Medimás empezó en septiembre de 2017. La entidad cuestionó el trabajo de la EPS por no contar con la suficiente red de prestadores de servicio en departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila. Un mes después, el ente de control asistió a una reunión con el gerente general de Medimás, Hernán Briceño, y le dio a conocer la investigación realizada frente al caso, con la finalidad de que en un plazo máximo de 30 días la EPS presentara un modelo de atención para cumplir satisfactoriamente con las necesidades de los usuarios. Durante ese lapso, la Defensoría ejecutó un plan de visitas para verificar las acciones que se debieron realizar en los departamentos, pero se encontró con que las fallas continuaban. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2017 se llevó a cabo una nueva reunión con los representantes de Medimás y la entidad dio a conocer el resultado de las visitas. En enero de 2018 Medimás entregó el resultado de un modelo de atención en salud y verificación de contratos en los que se evidencia una disminución de quejas por parte de los usuarios. Aunque está claro que la EPS tiene aún muchos asuntos que mejorar, las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo indican que se halla en el tercer puesto de las entidades prestadoras de salud con mayor número de tutelas interpuestas. Es decir, hubo un avance, porque en 2017 ocupó el primer lugar.