La crisis de Venezuela ha obligado a muchos de sus ciudadanos a buscar oportunidades en otras latitudes. Debido a la cercanía geográfica y cultural que existe con Colombia, cerca de 1 millón de venezolanos han llegado a nuestro país en el último año en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida.El Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido liderando la ejecución de un diagnóstico sobre la situación de esta población, que se prevé llegue a 2 millones de personas en el corto plazo, pues la mayoría de los migrantes traen a sus familiares cuando han alcanzado una estabilidad económica en nuestro territorio.Con la información recogida y un diagnóstico claro, esperamos contar con los elementos de juicio necesarios que permitan brindar acompañamiento a las autoridades locales para la contención del riesgo. Las entidades territoriales son muy importantes para atender las situaciones adversas que se pueden presentar en las comunidades que ya habitan el territorio, y para quienes llegan a formar parte del mismo.La no existencia de mecanismos especiales para atender esta problemática ha generado problemas de distinta índole. En efecto, esta población, dadas las dificultades por las que atraviesa, tiende a ubicarse en asentamientos informales, en zonas de alto riesgo o en las calles. Esta realidad es comparable al drama de las migraciones internas que durante décadas sufrió el país a causa del desplazamiento producto de la violencia.Por ello es muy importante, que al concluir la caracterización de este fenómeno, se inicie el fortalecimiento de la asistencia técnica en los municipios para enfrentar esta situación. Las más de 800 administraciones locales, que están en el proceso de revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), tienen la oportunidad de materializar en estos instrumentos los mecanismos que resulten pertinentes para atender efectivamente esta crisis, sobre todo en los municipios de mayor afluencia de migrantes.En la segunda generación de los POT y, con el fin de atender las necesidades derivadas de los fenómenos migratorios, las administraciones municipales deberán contemplar, entre otros aspectos, una estrategia de gobernanza y gobernabilidad para reconocer y apropiar el territorio y una oferta de suelo habilitado, acompañado de un régimen de usos que permita actividades productivas compatibles con la vivienda.El Gobierno Nacional está trabajando en un instrumento normativo, con participación de diversas entidades del Estado, para volcar la oferta institucional y atender el fenómeno migratorio. Una necesidad que ha surgido por la crisis venezolana. Sin embargo, la última palabra en este tema la tendrá el próximo gobierno, que a su vez deberá armonizar diferentes mecanismos y estrategias en beneficio de esta población.*Director de Espacio Urbano y Territorial, Ministerio de Vivienda.