Alberto Vidal estaba en Santander de Quilichao, Cauca, en la universidad, cuando recibió su primera amenaza en 2016. Una compañera de la Mesa de Víctimas a la que pertenece, y que en ese entonces le hacía seguimiento a la implementación del acuerdo con las Farc en el Congreso, lo llamó: “Alberto, ¿ya viste la amenaza?”. Cuando miró su teléfono, ahí estaba el mensaje de texto. Sin puntos, era una masacre ortográfica en letras mayúsculas: “nuestra meta exterminar a melicianos camuflados de defensores de derechos humanos (…) declaramos a los guerrilleros (…) alberto vidal (…) camuflados de líderes impulzores de la paz mediocre de este (…) hacemos un llamado a todos nuestros integrantes y aliados a proceder al esterminlarlo de este fenomeno contrario a nuestra ideologia quien ejecute este llamado habra una recompensa y reconocimiento por cada uno de estos milicianos estado mayor bloque central agc de colombia” (sic). AGC es la sigla de las Autodefensas Gaitanistas, el nombre que se le da al Clan del Golfo. “No pude seguir tomando clases. Salí corriendo para la Fiscalía, mirando por encima del hombro todo el tiempo” cuenta Alberto. “Me llegaron una cantidad de sentimientos encontrados muy duros”. En Caloto, Vidal lidera la organización Renacer, que ayuda a víctimas del conflicto a reclamar sus derechos, como el de ser reparadas y obtener asistencia humanitaria. También ha trabajado con niños, organizando bailes folclóricos y actividades comunitarias. Además, participa en la Mesa Nacional de Víctimas, una de las instancias por medio de las cuales las víctimas son consultadas y participan en los debates nacionales. Por eso Alberto no entendía por qué lo amenazaban. “En nuestro trabajo siempre tenemos cuidado de no hablar de grupos ilegales, nos ocupamos de luchar por los derechos de la comunidad y si hacemos denuncias es contra la institucionalidad”, comenta. Según Somos Defensores, un sistema de información sobre agresiones contra líderes sociales en Colombia, en el primer semestre de 2019 los homicidios de esta población sumaron una espeluznante cifra de 59 muertes; sin embargo, registraron una reducción importante del 23 por ciento en relación con 2018. Por el lado de las amenazas, esta tendencia es inversa. En el primer semestre de 2019 tuvieron un incremento del 74 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior: de 272 amenazas individuales registradas en 2018 pasaron a 477 en 2019. Si la tendencia se mantiene, 2019 será el año con más amenazas en Colombia desde que Somos Defensores lleva estos registros. Hasta ahora, el peor año había sido 2015, cuando se registraron en todo el año 539 amenazas. Según el investigador Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz, el aumento de las amenazas tiene que ver con la dinámica de la disputa del control territorial en las zonas más críticas de Colombia: “2018 fue un año de mucha violencia y homicidios porque había grandes luchas territoriales entre estos grupos ilegales. Este año, hemos visto que en varios territorios hay un proceso de consolidación, y eso hace menos necesaria la violencia explícita. Sin embargo, estos grupos ahora usan con más intensidad las amenazas, pues son una forma distinta de control que, a diferencia del homicidio, llama menos la atención de las autoridades, pero sigue siendo muy efectiva”. De la denuncia sobre esta amenaza que Alberto Vidal puso en la Fiscalía, en 2016, no se ha vuelto a saber. Como medida de emergencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó un escolta, pero sin vehículo. Sus trayectos entre Santander de Quilichao, donde estudia, y Caloto, donde vive y trabaja, los hacen ambos en transporte público o en la moto de su escolta cuando este la presta. Lea también: "Fallamos como sociedad cada vez que asesinan un defensor de derechos humanos" Pero incluso mantener este endeble esquema de protección ha sido muy difícil. En dos ocasiones le han quitado al escolta por encontrar que su perfil de riesgo no lo ameritaba. Cada vez, una nueva amenaza le vuelve a dar argumentos ante la UNP. La segunda vez que lo amenazaron fue con un panfleto que entregaron por debajo de la puerta de su propia casa. Hace poco, cuenta Alberto, su escolta y él fueron perseguidos por dos motos cuando volvían a Caloto. “Hoy día gasto alrededor del 30 por ciento de mi tiempo en trámites con la UNP y buscando medidas de autoprotección. No solo para mí, sino para el hombre que me protege, y para mi familia”, dice. Amenazas para uno, amenazas para todos Las ‘amenazas individuales’, como son registradas, en realidad son colectivas, pues recaen sobre toda la familia del amenazado. “Luego de mi primera amenaza, mi mamá me decía, rogándome, salite de esas cosas, no te metás en problemas”, relata Vidal. Hoy evita salir a la calle, toma rutas distintas, cambia de horarios. “A veces me canso, pero la gente viene hasta mi casa desde las veredas, después de caminar por horas, a que los ayude. ¿Cómo me puedo negar? Esto de la defensa de los derechos humanos es una vida de la que es imposible salir”. Una vida que cada vez más líderes sociales tienen que vivir bajo amenazas, mientras campea la impunidad. Los esfuerzos de la Fiscalía, que dice haber imputado cargos en el 58 por ciento de los casos de homicidios de líderes, son nulos en el tema de las amenazas. Esto contrasta con el reciente envío a la cárcel de un hombre por amenazar por redes sociales al caricaturista Matador, y a varios periodistas más. Sobre este caso Alberto dice: “La justicia funciona de acuerdo con el personaje, y como Alberto Vidal no es conocido sino acá en su municipio, no va a pasar nada”. Pero Caloto, el pueblo por donde camina sintiendo una lápida en la espalda, es el lugar en el que dependen de él cientos de personas que han encontrado su propio renacer luego de haber padecido la guerra que se vive en el Cauca.
*Director del programa ‘Zona Franca‘ de Red+