En 2006, el Estado colombiano, siguiendo las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño, expidió el Código de Infancia y la Adolescencia, donde se marcó la ruta diferenciada de los niños en los procedimientos legales. La ley reconoció que no se debía judicializar a los menores de edad de la misma manera que a los adultos, y que por tanto debían aplicarse enfoques pedagógicos, que aportaran a la reparación a la víctima y que tuvieran en cuenta el momento en el ciclo de vida del adolescente en conflicto con la ley. Lo anterior ratificaba a los niños y adolescentes como sujetos y titulares de derecho. Para consolidar lo anterior, se creó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), una especie de Inpec para jóvenes entre 14 y 18 años en conflicto con la ley. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es el encargado de coordinar el cumplimiento de las sanciones y del fortalecimiento del sistema. Por eso, uno de sus objetivos es argumentar las implicaciones negativas que tendría la reducción de la edad de imputabilidad penal por debajo de los 14 años. Ello en línea con la Observación número 10 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “Tristemente la imagen que más asocia la ciudadanía cuando se habla de responsabilidad penal adolescente es la de incidentes como los motines o las evasiones de Centros de Atención Especializada, como el Redentor en Bogotá. Pero esta imagen dista mucho del complejo sistema al que el ICBF está dando la vuelta para fortalecer aspectos que países como Irlanda del Norte quieren replicar”, explica Juliana Pungiluppi, directora general de ICBF. Darle la vuelta Desde hace algunos años el ICBF ha desarrollado iniciativas para mejorar el SRPA; estas pretenden abordar problemáticas estructurales –más allá de las acciones ilegales–: situación de pobreza con entornos familiares problemáticos e historias de vida marcadas por la violencia y el uso de sustancias psicoactivas. El objetivo es identificar los riesgos que anteceden a cada joven durante su proceso de atención para prevenir la reincidencia. Las iniciativas están enfocadas en consolidar su proyecto de vida a través de procesos formativos y educativos, una atención en salud, el acompañamiento de las familias y la transformación de los espacios físicos. En relación con este último punto, el instituto está desarrollando una reforma que permita un sistema intermedio para los jóvenes que cumplan los 18 años, que no implique medidas coercitivas y pueda ser manejado por operadores diferentes a los del ICBF. La propuesta se debe a que la mayoría de los jóvenes cometen los delitos entre los 16 y 18 años y sus sanciones oscilan entre seis y ocho años. Por esto, el promedio de edad en la mayoría de los centros es de 24 años. Lea también: 127,6 por ciento aumentó la violencia infantil entre 2008 y 2018, en el país En pocas palabras, en los centros de SRPA a veces conviven adolescentes de 14 años con adultos de hasta 28 que han estado en cárceles como La Modelo o La Picota. Esto implica que los operadores del ICBF tienen que manejar a estos adultos sin herramientas apropiadas pues deben limitarse a los lineamientos pedagógicos, generando una distorsión con las finalidades del SRPA y con la población para la que se diseñó. “El ICBF tiene claro que el comportamiento delictivo en la adolescencia es transitorio, que los adolescentes requieren consideración especial por su etapa en el ciclo vital y que la reacción oportuna es clave para su efectiva resocialización”, puntualiza Pungiluppi. Y concluye: “Ellos son personas con infinitas capacidades para construir, liderar, innovar y transformar. Sus redes familiares requieren fortalecerse. Si les fallaron, hay que reconstruirlas o sustituirlas. Hay esperanza. Allí la sociedad y el Estado están a prueba”.