La vida de las comunidades de la región del Alto San Jorge, en Córdoba, se está transformando de forma notable. Más de 1.000 familias campesinas, indígenas y afro han mejorado sus condiciones a través de proyectos productivos, de educación, agua potable, construcción y mejoramiento de vivienda y fortalecimiento cultural. Todo ello como resultado de la consulta previa protocolizada en 2019 con Cerro Matoso, empresa minero industrial que produce níquel contenido en ferroníquel.
“Aunque los diálogos con la empresa fueron a veces difíciles, hoy Pueblo Flecha ha cambiado totalmente. Tenemos tierras donde hemos hecho proyectos productivos para ser autosostenibles, estamos viendo los primeros profesionales de la comunidad, y vivimos en mejores casas”, explica la Gobernadora del Cabildo Indígena Unión Matoso, Viviana Ruíz.
Estos desarrollos forman parte de los 168.000 millones de pesos pactados en la consulta para los próximos 25 años, para inversión social y ambiental, que impactarán a los siete cabildos indígenas, las seis Juntas de Acción Comunal vecinas a la operación y los dos consejos comunitarios de comunidades afro que participan en el proceso. El acuerdo estimó, por una parte, la donación de tierras y, por otra, la constitución de un fondo para su compra o arrendamiento. En un hecho histórico, y sin precedentes, las comunidades étnicas pasaron a ser propietarias; la empresa privada contribuyó a garantizarles el acceso a la tierra para crecer, pervivir y fortalecer su cultura. Además, se han construido 50 viviendas que se suman a las 500 renovadas por la minera en los últimos siete años.
Estos proyectos son la base para el inicio de otros programas de inversión que apuntan directamente a la mejora de la calidad de vida desde una perspectiva colectiva, donde las comunidades se empoderan de su propio destino y desarrollan habilidades en planeación, gestión y administración de proyectos, logrando ser más autónomas y sostenibles.
Como parte de los compromisos, las comunidades hoy cuentan con 800 hectáreas de tierra para sembrar y ya hay 30 hectáreas de cultivos comunitarios que contribuyen a la seguridad alimentaria y a la reactivación de la economía en tiempos de pandemia. Para Estella Hoyos, gobernadora del Cabildo Indígena de Puerto Colombia, “el proyecto de tierras es el futuro de nuestra comunidad. Hay que trabajarlas y echar pa' lante para conseguir desarrollo y bienestar”.
Para Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, “la consulta fortaleció el diálogo social, horizontal y de doble vía que se viene surtiendo entre las partes desde hace más de siete años. Esto ha propiciado un ambiente de confianza basado en la generación de credibilidad, reconocimiento y respeto mutuo”.
Lo mismo opina la gobernadora del Cabildo Indígena de Bocas de Uré, Tatiana Fuentes: “El diálogo entre la comunidad y la empresa nos ha permitido acercarnos ante cualquier duda, o para manifestar inconformidades o carencias que a veces tenemos. Gracias a Dios se han dado muchos beneficios con los acuerdos de tierras, becas y vivienda”. Para 2021, Cerro Matoso prevé desarrollar otros 82 proyectos de vivienda, becas, programas productivos, compra de predios y fortalecimiento organizativo comunit
COMPROMISOS AMBIENTALES
La consulta previa incluye pactos para cuidar el medioambiente, en los que avanzan conjunta - mente empresa y comunidades. Estas contarán con su propia red de monitoreo de calidad de aire, mediante estaciones ubicadas en sus asentamientos y veedores comunitarios, capacitados por una universidad especializada en monitoreo ambiental, quienes verificarán los procedimientos y resultados obtenidos. También contempla el desarrollo del pro - grama de viveros caseros, donde se producen los árboles nativos sembrados en las compensaciones ambienta - les de la empresa y que este año logró una producción histórica de 60.000 árboles, lo cual representa ingresos para 183 familias.
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