Igualdad entre hombres y mujeres es el mandato que la Asamblea Constituyente reforzó en el país en 1991. El artículo 13 de nuestra Constitución Política reiteró el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación por razones de sexo; el 43, por su parte, confirmó que ambos sexos tienen los mismos derechos y oportunidades. Esto quiere decir que la mujer no puede ser sometida a ningún tipo de discriminación y que, durante el embarazo y después del parto, goza de especial protección del Estado. Pero, ¿se está cumpliendo lo que dice el papel? El Índice Global de Brecha de Género del año 2017 del Foro Económico Mundial, puede tener respuestas. Este listado, que mide la brecha de género en 144 naciones, indica que varios países latinoamericanos son particularmente dispares en temas de participación económica y de oportunidad, como Brasil, Perú, Chile y México, que están debajo del promedio. Colombia y Venezuela, por otro lado, tienen una mejor posición, al ocupar los puestos 32 y 67, respectivamente. Según este índice, las colombianas se encuentran mejor que otros países latinos en temas de participación económica y de oportunidad; pero no en temas de remuneración. Aunque el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 1496 de 2011, establece el principio “a trabajo de igual valor, salario igual”. La norma no es clara en cuanto a qué debe entenderse por “igual valor”, esto obliga a complementar la interpretación con las directrices que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo al respecto. En el concepto de Baker McKenzie, este principio exige conceder una retribución igual por trabajos que, si bien no son exactamente iguales, tienen el mismo valor. Las soluciones avanzan de la mano del sector privado, que le ha hecho frente a la brecha de manera exitosa a través del gobierno corporativo. Multinacionales, con sede en países donde la legislación en esta materia es más adelantada, han creado políticas progresivas para mejorar en equidad entre hombres y mujeres. Al ver los resultados, empresas locales han decidido seguir este camino con modelos exitosos. Por ejemplo, la implementación de políticas laborales con enfoque de género en las diferentes fases de la relación laboral: el reclutamiento y contratación de personal, la ejecución de la relación laboral e incluso la terminación de las relaciones de trabajo. Todas ellas concebidas desde el punto de vista del recurso humano para aprovechar la inclusión como una ventaja de negocio, que además mejora el clima laboral.