Por María del Pilar Galvis*
El derecho y la justicia son protagonistas fundamentales en el escenario en el que se desarrolla la industria del seguro. La Constitución Nacional califica la actividad aseguradora como de interés público no solo por la enorme trascendencia del aseguramiento de los riesgos en la economía, sino por el rol que las aseguradoras desempeñan como inversionistas institucionales, dado el manejo de recursos del público que reciben en forma de primas. Esa particular condición, aunada al intrincado sustento técnico y matemático de la actividad, que limita su explotación a entes expertos, autorizados y vigilados por el Estado, y a la condición mayoritariamente masiva de la distribución de los seguros, hacen del negocio uno de los más regulados del mundo.
Estas razones justifican sin duda la intromisión del ordenamiento jurídico en el campo del aseguramiento, pero de modo conveniente y proporcionado pues, como es de esperarse, el virtuosismo o la ineptitud del sistema jurídico y de sus operadores producen hondas repercusiones en el desarrollo de la industria y en la eficacia de su operación.
En este contexto, resultan de suma importancia todos los esfuerzos del Estado, la academia y la propia industria para incrementar las oportunidades de formación de abogados expertos, éticos, probos, conscientes de los costos (entre ellos el del tiempo) y hábiles en el uso de la tecnología para que, como legisladores, reguladores, asesores, consejeros, litigantes, jueces y conciliadores, nos salven de la producción incontrolada de normas, de las regulaciones kafkianas que entorpecen los negocios sin beneficiar a nadie, de los conceptos, procesos y decisiones judiciales interminables en los que más se persigue el brillo del autor que la solución de fondo, y para que contribuyan a modernizar la aplicación del derecho en el sector, con apoyo en las nuevas tecnologías.
En lo que atañe a la administración de justicia, el sector asegurador –al igual que el resto del país– requiere con urgencia una justicia moderna, cercana, operante, experta y eficiente. Y si bien, en términos porcentuales, son muy pocas las controversias judiciales originadas en contratos de seguro, pues las aseguradoras pagan alrededor del 90 por ciento de las reclamaciones que se les presentan, los largos procesos jurídicos impactan sus balances y reputación, y afectan a los asegurados, quienes merecen una respuesta pronta y correcta a sus pretensiones. Por ello, abogamos por una reforma que apunte a la eficiencia en los procedimientos y a la estabilidad de las soluciones judiciales en pro de la seguridad jurídica, objetivo que, más que intrincadas transformaciones estructurales, requiere sencillos ajustes de operación, especialización de los jueces por materias, tecnología, método y sistematización.
*Socia directora de Galvis & Asociados, especialista en seguros, gerencia financiera y arbitraje.
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