Por Hilda Esperanza Zornosa Prieto*

El sistema de aseguramiento privado garantiza poder disponer, en un futuro, de recursos económicos para satisfacer el pago de las erogaciones derivadas de pérdida de bienes, afectación al patrimonio, deterioro de la salud y gastos médicos por accidentes. Y, en los seguros de vida, mantener un nivel mínimo de ingresos en caso de sobrevivencia o disfrutar del valor asegurado.

Nadie está exento del riesgo de enfermedad, ni de sufrir accidentes que deriven en un desmedro de la integridad física o psíquica y la mayor parte de las personas de la tercera edad depende de una pensión para sobrevivir sin trabajar.

Con el fin de disminuir los costos sociales que provoca la realización del riesgo asegurado, la sociedad contemporánea ha definido modelos de amparos que satisfacen la necesidad de solventar el valor de las prestaciones esenciales requeridas para el bienestar de los miembros de una comunidad, y cuyo impacto se agudiza cuando la amenaza se cierne sobre la vida o la salud.

Los fundamentos técnicos de la actividad aseguradora permiten atomizar el riesgo, y, a través de ellos, soportar y disminuir los efectos adversos que, sobre las personas y sus patrimonios, produce la materialización de las pérdidas aseguradas.

En la fase de formación de un contrato de seguro tradicional de daños o de personas, el asegurador solicita diligenciar la declaración de asegurabilidad para hacer efectivo el deber de declarar de manera sincera el estado del riesgo. En los seguros de vida o de salud, con base en las informaciones que suministra el tomador, la aseguradora define si ordena la práctica de exámenes médicos y demás análisis requeridos. Así, revelar las circunstancias que le permiten al asegurador evaluar el riesgo es fundamental para controlar una selección adversa, y el uso de las nuevas tecnologías facilita cálculos más precisos y la tarifación adecuada al verdadero estado del riesgo.

La aplicación tecnológica de la ciencia incrementa la capacidad de cálculo del riesgo puro. Es decir, el de la probabilidad de pérdida, y con ello contribuye a diseñar políticas públicas de prevención, lo mismo que dirigir, administrar y corregir los aspectos concretos que conllevan riesgos para la integridad física de los individuos.

La distribución simétrica de la información es la base de la confianza del público en el sistema, pues permite consolidar los fondos necesarios para el pago de los siniestros. No obstante, a la luz de las instituciones que tutelan los derechos de tomadores y asegurados, un sector de la sociedad estima que usar la tecnología actual desborda los requerimientos técnicos que exige la adecuada distribución del riesgo.

Por ello, el principal desafío del sector asegurador es la aceptación social del uso de la información aportada por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o la georreferenciación –a través de la cual se capturan datos sensibles, relacionados con la ubicación del asegurado y su conducta en tiempo real– para la tarifación del riesgo.

Así las cosas, pese a que el incremento de la información derivado de las nuevas tecnologías facilita realizar cálculos actuariales más precisos –y, por ende, el cumplimiento de la ley–, al tarifar de manera adecuada cada tipo de riesgo se entiende que su uso está sujeto a la definición de políticas empresariales que garanticen el derecho a la privacidad, a la intimidad y restrinjan la utilización de los datos para fines distintos a los autorizados de manera expresa por parte del asegurado. Por lo demás, el sistema en el que repose la información suministrada por el tomador de la póliza debe proveer seguridad, integridad y permitir que este acceda a los datos recaudados.

El mundo actual produjo enormes cambios en la forma de definir productos. Las compañías ya incorporan variables de conducta y no solo las del riesgo, y este ha hecho tránsito de una analítica predictiva de los comportamientos del asegurado a una prescriptiva que induce a mejores formas de actuar.

El desafío de las aseguradoras es definir sólidos sistemas de gobierno corporativo a través de los cuales se protejan los intereses de la masa de asegurados y se preserve la función económica y social del seguro privado para que siga siendo una realidad.

*Directora del Centro de Estudios en Riesgos y Seguros de la Universidad Externado de Colombia.

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