Cada vez son más recurrentes las noticias sobre los problemas que crean los rellenos sanitarios en nuestro país y que pueden conducirlo a una crisis de salubridad. Es una situación que se ha acrecentado con los años. En 2016, el 38 por ciento del total de sitios de disposición (más de 70 en el país) contaban con una vida útil menor a tres años, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido al vencimiento de su licencia ambiental. Y en al menos 10 por ciento de los municipios colombianos ni siquiera hay zonas de disposición final adecuadas. Si se aplican los estándares internacionales, parecen ser más un vertedero que un relleno sanitario. Buscando darle cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el de Ciudades y Comunidades Sostenibles y el de Producción y Consumo Responsable, se implementó, desde el documento Conpes 3874 de 2016, un nuevo modelo de producción y consumo definido como economía circular. El Gobierno diseñó una Estrategia Nacional de Economía Circular desde finales de 2018, la cual convierte al país en el primero de la región en fijar una política pública que define líneas de acción para transitar hacia ese nuevo modelo, cuyo propósito es optimizar el uso de materiales y ganar, así, mayor competitividad industrial mientras se reducen los impactos sociales y ambientales. También le puede interesar: ¿Cómo cambió la prestación de los servicios públicos en Colombia después de 1994? Para entender el concepto de la economía circular hay que contrastarlo con el modelo de producción y consumo lineal caracterizado por la pérdida del valor de los bienes y servicios, bajo el supuesto de ineficiencia en su uso. El modelo circular promueve un metabolismo de producción y consumo que busca recircular los materiales la mayor cantidad de veces posible y extender su vida útil. De esta forma los residuos o desechos serían materiales temporalmente en desuso y la disposición final la última alternativa. Esta aproximación no solo evita todos los problemas existentes en los rellenos sanitarios –como el impacto por emisión de gases efecto invernadero–, sino que posibilita una nueva forma de eficiencia productiva que garantiza que la naturaleza pueda regenerarse. En la medida en que los modelos de negocio incorporen principios de economía circular, como la producción más limpia y la simbiosis industrial, se reducen costos de producción y gastos en el tratamiento de los residuos. Esto habilita la creación de nuevos sistemas de colaboración y el surgimiento de nuevos actores que construyan cadenas de valor soportadas, entre otros mecanismos, por la estrategia de logística inversa (proceso de cubrir las necesidades en devolución y retorno de materiales a su punto de origen, para su reaprovechamiento o reciclaje). Hoy, el país reflexiona sobre las brechas que se deben zanjar para avanzar en este camino de la economía circular desde la perspectiva de los negocios y los servicios públicos. Somos testigos de un servicio público que es fuente de problemáticas sociales y ambientales, y no podemos esperar resultados distintos a los que vivimos si seguimos haciendo lo mismo. Se debe abandonar un sistema que subsidia la mala gestión de residuos en la fuente y el de recolección que se remunera por peso depositado en el relleno sanitario. Estas particularidades no solo requieren de innovación jurídica para adaptar los marcos regulatorios a un sistema circular, sino que tiene que estar soportada en suficiente voluntad política por promover la circularidad vía diferentes instrumentos e incentivos. Surgen así oportunidades para desarrollar nuevas tecnologías como las plantas de transferencia y de transformación de materiales, que permitirían jalonar esta transición en los servicios públicos desde la realidad de los negocios. *Director de Waste2Wort.