María Carolina Castillo*
Durante el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) del país presentó su mayor reducción anual en la historia económica mo Dderna: -15,7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019. Este resultado, consecuencia de la pandemia, agravó la situación de 18,2 millones de colombianos que viven en déficit habitacional, insuficiencia que mide la cantidad y las condiciones de las viviendas existentes.
Según las cifras del Dane, a la fecha, de los 14.060.645 hogares del país, 5.144.445 están en déficit habitacional. Al revisar sus dos dimensiones, en ambas hay retos de política pública y oportunidades para reactivar la economía y generar empleo. Para mitigar las brechas de pobreza y desigualdad es necesario que se diseñe una estrategia de intervención gubernamental que facilite el acceso a vivienda por parte de estos hogares, que sea complementaria de programas como ‘Mi Casa Ya’ y la cobertura a la tasa de interés de la Vivienda de Interés Social (VIS) otorgada por el Ministerio de Vivienda.
También se debe crear un sistema de subsidios territoriales que concurran con los nacionales, pues esta medida tendrá efectos positivos debido a que los proyectos de vivienda logran encadenamientos productivos que contribuyen al desarrollo urbano formal y a generar nuevos puestos de trabajo.
Otra tarea inaplazable es la de dotar la regulación del sector vivienda de condiciones de seguridad jurídica, especialmente en los instrumentos de planificación territorial, con el propósito de incentivar al sector constructor para que produzca las viviendas formales que va a demandar el país en los próximos años y mitigar así el crecimiento informal de los asentamientos humanos.
Por último, es indispensable garantizar la continuidad de los programas y la suficiencia de los recursos asignados para Vivienda de Interés Social (VIS), loscuales mejoran las condiciones de vida de las familias vulnerables. Según Camacol, Colombia debería construir 114.900 soluciones habitacionales al año: al menos 56.700 en cabeceras urbanas y 58.200 en zonas rurales. La posibilidad de edificar proyectos urbanísticos bajo estas consideraciones impacta no solo a los hogares que viven en ellos, sino que incentiva el desarrollo de equipamientos urbanos para la habitabilidad y el bienestar social, pues en ellos se incluyen instituciones educativas, hospitales y por tanto se generan muchos más empleos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, proponemos que entre las alternativas de financiación del programa de subsidios territoriales de vivienda, las regalías sean vistas como la fuente principal. Para el bienio 2021-2022, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República un proyecto de presupuesto que asciende a 16,1 billones de pesos para inversión. Al desagregarlo por regiones, los recursos del Sistema General de Regalías están distribuidos de la siguiente forma: Región Caribe, 3,6 billones de pesos; Región Llano, con 2,9 billones; Región Centro Oriente, con 1,7 billones; Región Pacífico, con 1,4 billones; Región Centro Sur Amazonia, con 1,2 billones; y Región Eje Cafetero, con 1,05 billones de pesos. Son recursos que deben ser vistos como la oportunidad para llevar vivienda a más de 5 millones de colombianos.
Mitigar el hacinamiento
El déficit habitacional cualitativo se refiere a hogares con deficiencias susceptibles a mejoras por medio de intervenciones. Este indicador se mide a partir de varios factores: hacinamiento mitigable, material de pisos y cocina y servicios públicos. En Colombia viven 3.765.616 hogares con déficit cualitativo. Mitigar el hacinamiento cobra especial urgencia en esta nueva normalidad. Es necesario que las administraciones no solo inviertan en proyectos urbanísticos nuevos, sino en mejorar las condiciones de habitabilidad de las construcciones informales que, en su condición de precariedad y crecimiento desordenado, carecen de servicios públicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. También es preciso, finalmente, construir equipamientos y dotar de vías y espacio público que contribuyan a la organización urbanística en el largo plazo de nuestras ciudades.
*Directora de Política Pública y Gobierno de ProBogotá Región
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