El gobierno italiano prepara un decreto que obliga a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, a presentar el certificado de vacunación de covid-19 obligatorio.
La medida deberá ser aprobada este jueves por el Consejo de Ministros y entrará en vigor a mediados de octubre.
“El gobierno está listo para introducir el pasaporte sanitario (...) Nos dirigimos hacia una medida obligatoria para el sector público y privado”, declaró la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, a la emisora pública RaiRadio1.
A partir del 15 de octubre, el llamado “pasaporte verde” será obligatorio en todos los lugares de trabajo, por lo que quedan excluidos los jubilados, amas de casa y desempleados, precisaron los medios italianos.
El objetivo de la medida es incrementar la tasa de vacunados antes del inicio del invierno y evitar que se propague el contagio.
Actualmente, casi el 75 % de la población mayor de doce años está vacunada, es decir, 40,46 millones de personas.
“La vacuna es nuestra única arma contra la covid-19”, subrayó Mariastella Gelmini.
Italia fue el primer país de Europa afectado por la pandemia que ha causado la muerte de 130.000 personas en ese país, además de generar en 2020 la recesión económica más grave desde la posguerra.
La decisión de generalizar el pasaporte sanitario es el resultado de largas discusiones entre el gobierno, los partidos políticos que integran la coalición nacional en el poder y los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios.
Según los medios de comunicación, la ausencia del certificado de vacunación será severamente castigada pero sin llegar al despido.
Una multa de entre 400 euros (1.793.500 pesos colombianos) a 1.000 euros (4.487.000 pesos colombianos) podría ser impuesta para aquellos que no cumplan con esa obligación, según el diario Il Corriere della Sera.
Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pasaporte sanitario, a la persona la pueden “suspender” del trabajo y el salario.
Se debate también sobre las pruebas a las que se deberán someter las personas no vacunadas para obtener el pasaporte sanitario.
Los sindicatos exigen que el Estado las pague mientras el gobierno teme que con esa posibilidad se desincentive la idea de vacunarse.
Italia no es el primer país europeo que adopta esa medida. En Grecia, desde el 13 de septiembre, los empleados que no se han vacunado de los sectores público y privado deben someterse a pruebas a sus expensas una o dos veces por semana, según la profesión.
El pasaporte sanitario es obligatorio en Italia en los lugares públicos, así como en cafeterías, restaurantes, museos, cines, teatros, trenes, autobuses, metro y taxis.
Biden amplía vacunación obligatoria a dos tercios de los trabajadores de EE. UU.
Hace un par de semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció el tono hacia los antivacunas al anunciar el jueves estrictas normas de inmunización que afectan a decenas de millones de trabajadores, en una importante escalada en la campaña nacional de vacunación contra el covid-19.
El plan de seis puntos, que se dirige a las empresas con más de 100 empleados, establece las medidas más agresivas adoptadas hasta ahora por Estados Unidos contra la creciente variante delta.
“Una clara minoría de estadounidenses apoyados por una clara minoría de funcionarios de cargos electos impide dar vuelta la página” de la pandemia, dijo Biden.
“Los no vacunados abarrotan nuestros hospitales, están saturando las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos, y no dejan espacio para alguien con un ataque al corazón o una pancreatitis o un cáncer”, añadió.
La mayor parte del plan consistirá en exigir a las empresas privadas que emplean a más de 100 personas que se aseguren de que todos los trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas semanales.
Los legisladores republicanos atacaron inmediatamente a la administración afirmando que se estaba extralimitando en sus funciones. “Se parece mucho a una dictadura”, tuiteaban republicanos de la Cámara de Representantes.
El plan también obliga a vacunar a todos los empleados y contratistas federales.
En la actualidad, los trabajadores del gobierno deben vacunarse o someterse a pruebas periódicas, mientras que la nueva norma obligará a una vacunación prácticamente total.
Unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de los programas gubernamentales de Medicare o Medicaid también tendrán que vacunarse.
Sólo se permitirán excepciones por razones religiosas o para personas con discapacidades, un enfoque estricto que seguramente pondrá a Biden en una trayectoria de colisión con los medios de comunicación de la derecha y otros grupos poderosos que argumentan que los mandatos equivalen a un ataque a las libertades individuales.
Unos 80 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse. Las investigaciones muestran que tienden a ser más jóvenes, menos educados y más propensos a ser republicanos.
Por su parte, el distrito escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país, exigió a todos los estudiantes de 12 años o más que se vacunen contra el covid-19 si quieren asistir a una escuela pública, una medida que afecta a unos 220.000 jóvenes que pueden recibir la vacuna.
Sin embargo, los padres y algunos políticos republicanos de todo el país, especialmente en el sur, se oponen ferozmente a la vacunación obligatoria y el uso de tapabocas en las escuelas.
Con información AFP