A la hora de ratificar la celebración del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y Colombia, esta última tendrá que establecer una cláusula interpretativa que indique que el banco Emisor tiene la libertad para establecer los plazos mínimos para la transferencia de capital de los negocios que se pacten.Así lo concluyó la Corte Constitucional que, a pesar de haber declarado exequible el convenio, estableció que los términos de dos años, prorrogables hasta por 12 meses más, solo pueden servir de orientación política y no de mandato que reemplace, a nivel interno, al Banco de la República.Pese a los reclamos de los comercializadores y distribuidores de autopartes y electrodomésticos, el Congreso aprobó en el 2014 la celebración de un tratado de comercio con esa nación asiática.La norma aprobatoria del convenio fue examinada este jueves por la Corte Constitucional. En términos generales, la Sala Plena de ese alto tribunal encontró que lo aprobado no desconocía el principio de autodeterminación del Estado y no suponía una afectación de los intereseses nacionales.Sin embargo, encontró que la manera como se reguló la permanencia del capital para los agentes del mercado de uno y otro país dentro de cada uno de los estados no puede ser una clásula pétrea, pues invade la competencia legal del Banco de la República.De ahí la decisión de la Corte de instar al Estado colombiano a establecer la cláusula que indicaría que los plazos señalados para transferir el capital no son obligatorios, pues es el Emisor el que debe establecer el verdadero límite temporal.Esto obliga a que, al momento de ratificar el tratado, el presidente Juan Manuel Santos incluya la aclaración en el sentido de que el tiempo fijado para disponer del capital es solo una sugerencia política.