Los proyectos pilotos estarán diseñados para conseguir la información científica sobre temas como impacto sobre acuíferos, sismicidad, medio ambiente, y grupos sociales en las áreas de influencia directa. Esto permitirá al gobierno tomar una decisión basándose en la ciencia para decidir sobre el futuro de la actividad. Sin embargo, antes de dar inicio a los proyectos piloto, estos deberán ser estrictamente reglamentados por las autoridades civiles y medioambientales, algo que sin dará continuidad a la controversia sobre las actividades. Lo que sugiere la decisión del Consejo de Estado y la estructuración de los pilotos de fracking es que el debate del fracking está pasando del campo político al campo técnico.
La implementación de los proyectos pilotos deberá tener tres etapas: Adelantar actividades en temas sociales, técnicos e institucionales sobre las posibles afectaciones hechas por el fracking. Realizar uno o varios pilotos en campo para monitorear los impactos de la actividad en materia social, técnica e institucional. Evaluar los resultados de los pilotos y ofrecer recomendaciones sobre la realización de la actividad.
El Gobierno mantiene la esperanza en que la actividad prosiga, ya que necesita con urgencia ingresos que le permitan mantener el actual modelo económico. El gobierno estima que las reservas de hidrocarburos no convencionales podrían ascender a 7.500 millones de barriles y que estos traerán consigo cuantiosos beneficios económicos. Se estima que la explotación de yacimientos no convencionales produzca cerca de $231 billones de pesos en ingresos tributarios y regalías por $92,5 billones en un horizonte de treinta años. Del mismo modo, el gobierno ha enfatizado que desaprovechar los yacimientos no convencionales sería desastroso para la cuenta corriente y la tasa de cambio. Según la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, “sin fracking podríamos decir que pasaríamos de tener un dólar de 3.400 a 5.000 pesos”.
Pronóstico La decisión actual del Consejo de Estado de mantener suspendida la resolución 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que reglamentan la técnica en el país pero permite realizar los pilotos, genera mayor incertidumbre jurídica a las compañías y entre las comunidades pues no hay claridad sobre cómo serán efectuados los pilotos.Tomará al menos dos años lograr reunir todas las condiciones institucionales y científicas para dar el visto bueno a la actividad. También se requerirá la aprobación de las comunidades en el área de influencia de los proyectos, muchos de los cuales están asesorados por grupos de interés y ONG que mantienen una firme oposición a la actividad. Estas limitaciones, al igual que en el tema de erradicación de coca por aspersión aérea, harán que el gobierno, a pesar de las protestas sociales y comunitarias, imponga su decisión lo que a su vez desembocará en un período de agitación y confrontación en las regiones. Esto estimulará la inestabilidad social y política en las regiones de explotación y desarrollo de la industria. En otras palabras, es poco probable que el fracking sea desarrollado técnicamente durante el gobierno de Iván Duque, aunque es probable que si el gobierno le da apoyo político a la actividad pueda tener resultado al final de su gobierno; esta actividad nuevamente entrará en la dinámica electoral en donde seguramente será un tema central de la campaña.