El saliente gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, fue llamado a indagatoria por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y su cita será el próximo lunes 17 de diciembre. En los términos más románticos de la ley, la diligencia de indagatoria es definida “como medio de defensa y, a la vez, medio de prueba”. Pero en la práctica, ésta no es más que “uno de los medios empleados para vincular procesalmente a quien se tiene como posible autor o partícipe de un delito y como tal forma parte de la estructura y presupuesto de la validez del proceso”, según reza en documentos de la Procuraduría. Así que, con la citación de la Fiscalía, Ardila quedó vinculado a un proceso en el que se busca establecer su vinculación a delitos contra la administración pública. A esta decisión llegaron los investigadores después de determinar que es difícil probar su presunto enriquecimiento ilícito. Desde cuando asumió su cargo, el gobernador declaró tener alrededor de 34.000 millones de pesos en bienes. Muchos de ellos vienen de la fortuna de su familia y eso en ningún momento es ilegal. Pero el saliente funcionario sí podría tener implicaciones en delitos como prevaricato, concierto para delinquir y constreñimiento. La sindicación más grave es el de concierto para delinquir. Según la normativa colombiana, esta falta consiste en “la celebración, por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito... la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia... Este tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo”. Ardila ha sido noticia en los últimos meses porque investigaciones periodísticas dieron cuenta de cómo los dineros públicos salían de la administración departamental para llegar a sus bolsillos o en los de allegados suyos en un aparente acuerdo. En un reciente informe del semanario El Espectador, se reveló que a una de las cuentas de Ardila en Girardot ingresaron más de 566 millones de pesos entre 2005 y 2006. Entraron en consignaciones menores de 10 millones de pesos cada una, procedentes de socios de empresas de su familia y sus asesores, algunas de ellas fundadas apenas unas semanas antes de las licitaciones ganadas en entidades oficiales. Una de aquellas organizaciones es SAP Agregados, de la cual es socia Mary Luz Olarte Villa, jefa de protocolo de la Gobernación. Fanny Rocío Olarte, hermana de ésta, y una de las usuales acompañantes del gobernador en sus correrías, también figura como directiva de ladrilleras San Pablo, otra de las empresas comprometidas en los millonarios giros a través de una conexión panameña. Precisamente, SAP Agregados despierta especial atención. Resulta que aquella empresa accedió a la explotación de gravilla en terrenos que Ingeominas había entregado a 51 areneros en Ricaurte para que extrajeran el mineral artesanalmente. La empresa llegó a explotar las tierras después de que terceros se apoderaran de los títulos de explotación de las mismas. Este hecho provocó el segundo delito por que lo investigan: el de constreñimiento. Al parecer, los humildes areneros fueron obligados a ceder o vender las propiedades que les habían entregado. Ese tipo de contratos debían ser adjudicados con urgencia. Por eso, del despacho de Ardila salió un mensaje de urgencia para hacer una contratación apresurada con una empresa cuya conformación estaba cuestionada. Eso desembocó en el tercer delito que le imputan, el de prevaricato. Aquellos son algunos de los señalamientos que reposan en su proceso. Por eso, Ardila fue hasta la Fiscalía este martes, para conocer su caso y preparar su defensa, que presentará en la indagatoria.