La presentación del informe tuvo lugar en la capital de Ecuador, Quito, durante un evento académico del que participó el presidente ejecutivo de la CAF, Luis Carranza.De acuerdo con la entidad, trabajar en estos cuatro frentes es clave en la tarea de consolidar las estrategias de lucha contra este flagelo que es uno de los asuntos de mayor preocupación para la población latinoamericana.Los cuatro frentes son: 1) fortalecer las reglas y el control en la función pública, 2) mejorar los mecanismos entrada a la burocracia y la política, 3) mejorar los procedimientos que garanticen transparencia en la contratación y el monitoreo ciudadano y 4) una mayor gobernanza de los intereses privados.
Respecto del primer punto, la CAF considera que es necesario usar protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones, siempre y cuando esto no genere problemas para la ejecución de los proyectos.En ese frente, la digitalización de proyectos, la creación de mecanismos de publicidad de los contratos estatales al alcance de toda la ciudadanía y la reducción de trámites pueden generar impactos positivos en este frente. En cualquier caso, el objetivo es lograr una menor discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos, sin que signifique asfixiar a los tomadores de decisiones.Para este primer aspecto también se hace necesario fortalecer tanto las contralorías, como las demás autoridades de fiscalización, acompañado esto con mayores capacidades investigativas y de administración de justicia.
En el segundo frente, la forma de acceder a la burocracia y la política, el informe resalta la necesidad de avanzar en mecanismos más transparentes de financiación de campañas electorales. Esto dentro del marco de estrategias que fomenten sistemas electorales más competitivos y transparentes.Pero ello debe ir complementado con generar incentivos para que las personas se interesen por participar de la función pública por la vía de mayores salarios y compensaciones.Participación ciudadana y sector privadoLos dos últimos aspectos son centrales. Por un lado, impulsar a la ciudadanía a participar más activamente en el control de los asuntos públicos ha demostrado ser un mecanismo eficaz para enfrentar la corrupción. Lo que propone el estudio es que se fortalezcan los canales que proveen de información sobre la situación de los asuntos públicos, garantizando acceso y respuestas prontas en los canales mediante los que la ciudadanía presenta reclamos.Tal vez el desafío más grande en este frente es lograr una mayor cultura de vigilancia entre la comunidad, con el objetivo de que su accionar también ayude a mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción.
Finalmente, uno de los aspectos de mayor relevancia es lograr que, de manera más clara, el sector privado ponga sobre la mesa sus intereses y su accionar frente a las entidades públicas. La idea es que esos intereses sean objeto de control por parte de las autoridades y la ciudadanía. Para eso se propone, establecer reglas de juegos claras al lobby por parte de los sectores productivos ante, por ejemplo, el Congreso y el Ejecutivo. Se hizo especial énfasis en tomar medidas de control específico para sectores como infraestructura, donde hay mayor vulnerabilidad, así como fortalecer la institucionalidad que lucha contra el pago y el ofrecimiento de sobornos.