Desde que se tomaron las medidas de aislamiento social para mermar la velocidad de contagios, el Gobierno desplegó un paquete fiscal para enfrentar las consecuencias que ha traído la pandemia. Varios sectores califican las medidas hasta ahora implementadas como austeras y ortodoxas. ¿Cuál es la realidad? El margen de maniobra con el que se encontró el Gobierno cuando llegó el virus al país no era muy amplio, esto teniendo en cuenta que su nivel de endeudamiento bordeaba 50,2%. Con un espacio fiscal reducido, el Ministerio de Hacienda optó por conseguir fuentes de financiamiento sin recurrir a los mercados internacionales. El jefe de esa cartera, Alberto Carrasquilla, en diferentes escenarios ha comparado la mitigación de la crisis con una guerra, insistiendo en que cada bala del arsenal del país es prestada. Lea también: Los polémicos decretos de la emergencia que tendrá que defender el Gobierno Gremios divididos por el ritmo de la apertura El equipo económico del Gobierno y el propio presidente Iván Duque revelaron hace pocas semanas que todo el paquete de apoyo estatal alcanzará a valer más de 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representaría cerca de $117 billones (ver tabla).
En dichas cuentas se incluyen los siguientes rubros: $24,8 billones del Fondo de Mitigación de Emergencia, Fome (2,33% del PIB); $60,20 billones (5,67%) de capacidad de colocación de crédito garantizado; los aportes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que suman $2,74 billones (0,26%); $2,42 billones de las líneas de crédito de redescuento de Bancoldex y Findeter, así como las medidas de liquidez del Banco de la República, que se calculan en $23 billones. No obstante, hay un debate en torno a cómo se contabilizaron esos $117,17 billones. Muchos consideran que ese no es el verdadero paquete de gasto, pues se estarían sumando peras con manzanas: allí se mezclan subsidios, capitalizaciones de entidades, firma de garantías y medidas de política monetaria para facilitar liquidez. Si bien es cierto que muchos de los conceptos que se incluyeron en esa suma constituyen un esfuerzo considerable, no son gasto fiscal en el estricto sentido. En efecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana asegura que, si bien el Gobierno afirma que el costo fiscal de la crisis será de 11% del PIB, en realidad 6% son garantías de créditos, no gastos en atención a la emergencia. Lea también: Fitch: Colombia necesita una nueva reforma tributaria estructural Informe revela falta de transparencia en el gasto público por covid Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explica que hay una mezcla de lo que son gastos del Gobierno, erogaciones presupuestales con eventuales garantías. Por lo tanto, no todo es gasto fiscal, pues, por ejemplo, en el caso de las garantías, el Gobierno tendrá que correr solo con la parte que se siniestra. En otras palabras, aún es prematuro hacer estimaciones al respecto. "Nosotros hacemos las cuentas más simples sin incluir ese tipo de operaciones y nos dan en línea con lo que dijo el FMI: las fuentes están en $28,9 billones, lo que representa 2,8% del PIB", agrega Mejía. Esto se acerca a la cifra a la que llega el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien ha explicado que, en resumen, el Gobierno ha destinado un gasto fiscal para enfrentar la pandemia cercano a $30 billones, de los cuales la principal fuente de recursos será el Fome, fondo que a su vez fue capitalizado con recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fonpet. Así que la principal arma para mitigar la crisis son $30 billones y no $117 billones. Desde el Ministerio de Hacienda, por el momento, no se está considerando aumentar el monto, que se espera sea ejecutado este año en 90% o 95%.
Carrasquilla no la ha tenido fácil. La crisis lo obligó a ceder en su ortodoxia. No obstante, el Observatorio de la Javeriana precisa que “es distinto tener recursos a la mano para cuando se necesiten, que realmente gastarlos en la emergencia" y que, "a la fecha, los traslados a distintas entidades del Gobierno para la atención a la pandemia son $3,6 billones o apenas 0,34% del PIB”. Hasta el momento, una porción importante del 3% del PIB —al que equivalen los $30 billones— se ha destinado a mejorar la atención en salud, al giro de recursos vía programas sociales para apoyar a la población durante el aislamiento social y a la protección del empleo. Lea también: FMI cambia pronóstico de PIB mundial a -4,9% en 2020 Gobierno define marco para vender o comprar empresas durante crisis En materia de salud ya se encuentran comprometidos $7,3 billones, con lo que se ha empezado la adecuación de las instalaciones hospitalarias para aumentar la capacidad de atención en cuidados intensivos, se han comprado pruebas para detectar el virus y se ha dotado a los profesionales de la salud de implementos de bioseguridad. Programas sociales En cuanto a las transferencias sociales, una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue hacer giros adicionales de programas ya establecidos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Según el Departamento Nacional de Planeación, con corte al 4 de junio, se han desembolsado cerca de $1,9 billones en dos giros que han beneficiado a cerca de 4,5 millones de colombianos. Por otro lado, con el objetivo de llegar a millones de personas en situación de vulnerabilidad y que están por fuera de los programas sociales ya establecidos, se creó el programa Ingreso Solidario, que consiste en una transferencia de $160.000. Lea también: Las 10 tareas económicas que va dejando el coronavirus Subsidios tendrían que eliminarse al ritmo del desconfinamiento Recientes cifras aportadas por Planeación Nacional indican que hasta el pasado 19 de junio 2.489.786 colombianos se han beneficiado del programa. En total, cada uno recibirá $480.000 en tres giros. Como tercera herramienta de apoyo social se adelantó la devolución del IVA, que se tenía planeada para el segundo semestre de 2019. A la fecha se han realizado dos giros que suman $150.000 millones y que han beneficiado a más de 920.000 personas. Cabe recordar que este giro bimensual es de carácter permanente.
Debido a la demanda global de respiradores, aumentar la capacidad en cuidados intensivos ha sido una labor titánica. Indudablemente, desplegar un paquete social de este tamaño en tan poco tiempo es un desafío mayúsculo por las implicaciones logísticas y técnicas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Gobierno a través de Planeación ha hecho un trabajo importante en la materia que, si bien puede que no sea suficiente por la magnitud de la crisis, constituye un hito que abre el paso a programas sociales más agresivos como la renta básica universal. Reactivación y empleo El aislamiento paralizó el aparato productivo, por lo que ahora el país atraviesa una de las crisis más profundas de la historia reciente. Se estima que se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo y, a pesar del reinicio económico gradual que ya está en marcha, miles de empresas sufrieron una dura caída, de la cual será difícil reponerse. Con este panorama, durante la segunda emergencia económica, sanitaria y ecológica, el Gobierno puso en marcha el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef). Con este, se propone un subsidio de 40% de un salario mínimo por trabajador para aquellas empresas que reporten caídas en ventas superiores a 20%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, al cierre del primer ciclo de transferencias, se giró un monto total de $849.367 millones que benefició 2.419.850 empleados formales del país. Lea también: No habrá retención en los subsidios a la nómina Desempleo: ¿Hora de una reforma laboral? En total se recibieron 115.597 solicitudes, de las cuales se aprobaron 99.339. Cabe destacar que fueron menos solicitudes de las esperadas y hace pocos días se anunció que este subsidio se extenderá hasta el mes de agosto. Así mismo, se espera que en julio se desembolse el subsidio a la prima con el que se pretende llegar a 4,2 millones de trabajadores formales. El costo de la medida será de aproximadamente $350.000 millones. Su eficacia En diálogo con Dinero, Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, sostiene que el choque económico y la disminución de la actividad económica han significado una caída sustancial de ingresos para una enorme parte de la población y que, por esa razón, es importante que el Gobierno se concentre no solo en tratar de mitigar los efectos de la caída económica, sino también en tratar de frenarla. Para Eslava, la herramienta más expedita que el Gobierno tiene para frenar dicha caída es la construcción de una política fuerte que permita lidiar con la epidemia y levantar los confinamientos. Y, una vez hecho eso, la siguiente herramienta debe ser el estímulo fiscal vía gasto público, es decir, poner recursos en las manos de los consumidores. “Si bien el paquete que ha implementado el Gobierno, que consiste en transferencias a los hogares más vulnerables y a las empresas, ha sido muy importante y acertado en su diseño, es tímido en su magnitud comparado con lo que se necesitaría y comparado con lo que otros países están haciendo”, puntualiza. Lea también: Duque dice que el “segundo trimestre será retador, pero Colombia se recuperará” 50.000 desempleados podrán formarse en habilidades digitales Cabe recordar que, en economías como Japón y Luxemburgo, los niveles de gasto fiscal como porcentaje del PIB para mitigar la pandemia alcanzan 20%. Y, para no ir tan lejos, países de la región como Paraguay (6%), Brasil (8%) y Perú (9%) han destinado como proporción del PIB mucho más que Colombia.
Por este motivo, Eslava considera que el estímulo de gasto público debe ser mayor y que, aunque hay una preocupación entendible por la viabilidad fiscal, cree que es importante entender que en este momento el mayor peligro para la sostenibilidad fiscal es la caída de los ingresos tributarios. Adicionalmente, Eslava opina que es importante enfocar los paquetes de gasto en bienes públicos, particularmente en infraestructura, así como en la adaptación para la nueva modalidad de distanciamiento y, por supuesto, continuar con los subsidios temporales no condicionados. No obstante, señala que dichas ayudas deben enfocarse en un grupo más amplio de la población y ya no solamente en virtud de aquellos que no pueden trabajar. "Se requiere un análisis en el que se determine cuál es el grupo poblacional donde el estímulo sea más efectivo. Sin duda, las personas con menores ingresos tienen mayor elasticidad de compras e ingresos, pero la tienen muy focalizada en los bienes básicos", agregó. Por otro lado, para Fedesarrollo, las medidas que se han tomado para darles una mano a las empresas, como el subsidio a la nómina, llegaron tardíamente. Lea también: En el cuidado del hogar, la covid-19 aumentó la brecha de género Desempleo en Colombia aumentó a 19,8% durante abril “Yo creo que faltó un poco más de oportunidad, pues la destrucción grande del empleo fue en abril y los primeros anuncios fueron en mayo y luego vino la reglamentación. Por esto no sorprende que la demanda no haya sido tan alta”, explica Mejía, director del centro de pensamiento. Agrega que es importante repensar este tipo de subsidios, no para mantener el empleo, sino bajo una visión de crear más puestos de trabajo y recuperar el mercado laboral. En cuanto a las líneas de crédito garantizadas para las empresas, Mejía considera que tienen un problema importante, el cual está relacionado con la incertidumbre que viven las empresas, pues muchas no están seguras de meterse en una deuda en medio de tanta incertidumbre. Adicional a esto, preocupan los brotes del virus que se están presentando en los países donde la reactivación económica va más avanzada. Indudablemente, la dirección y la pertinencia de las medidas de choque que ha tomado el Ejecutivo para conjurar la crisis son acertadas y se ha aplicado la heterodoxia en muchos casos, algo impensable hace pocos meses, se ha evidenciado una falta de sincronía entre la realidad que vive la economía y la ejecución de dichas políticas. Si bien es cierto que las acciones deben ser graduales y dependen del comportamiento de la pandemia, es claro que se necesitan estímulos fiscales de gran calado para que el rebote de la economía sea rápido. El país aún está lejos de cantar victoria, quedan muchos desafíos y, a pesar de no tener la presión de la regla fiscal, el panorama no es sencillo. De acá en adelante la efectividad y el timing de las medidas serán fundamentales para marcar la velocidad de la recuperación económica.