En menos de tres semanas cumplirá doscientos años la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, el hito que selló la independencia de la Nueva Granada del imperio español. Pese a su importancia, intelectuales e historiadores se preguntan por qué a tan pocos días de la fecha poco o nada se sabe sobre lo que ha hecho o va a hacer el Gobierno para conmemorarlo. Parece que Colombia no solo perdió la oportunidad de hacer una gran conmemoración de la independencia en 2010, como lo hicieron México y Argentina, sino que ahora va a suceder lo mismo. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada por el presidente Iván Duque de dirigir los festejos, considera injusta esa opinión. Asegura que el Gobierno lleva a cabo una agenda de celebraciones que abarcará varios años y que incluye obras de infraestructura, actos culturales, celebraciones y reflexiones académicas.

Se puede decir que tanto el Gobierno nacional como sus críticos tienen razón en algunos argumentos. Pero no cabe duda de que el aniversario de la batalla del Puente de Boyacá se ha visto un tanto desdibujada y no ha contado con la suficiente promoción o divulgación. La agenda de actividades del bicentenario, coordinada por la vicepresidenta, ofrece el mejor ejemplo. Desde que el Gobierno comenzó la conmemoración oficial, el 18 de diciembre de 2018, han llevado a cabo siete eventos tanto en Bogotá como en las poblaciones por donde pasó la Campaña Libertadora, y, desde el 20 de julio hasta el 17 de diciembre, hay 17 programados en varios municipios. El Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras instituciones, vienen trabajando desde hace dos años esa agenda con las academias regionales de historia.

Además, como le dijo Ramírez a SEMANA, “el cronograma no se agota en 2019. Seguiremos haciendo actos a lo largo y ancho de Colombia hasta 2022”. A esa agenda cultural y educativa se suma el Pacto Bicentenario, firmado entre la Presidencia de la República; el Departamento Nacional de Planeación; los ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo; y las gobernaciones de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander, para fortalecer la conectividad vial y la competitividad turística de los departamentos por los que pasó la Campaña Libertadora. El pacto tendrá una vigencia de diez años y en una primera etapa invertirá cerca de 7.000 millones de pesos.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha encabezado los eventos que han tenido lugar en los pueblos por los que pasó la campaña libertadora.

Si el Gobierno ha puesto en marcha un plan para celebrar el bicentenario de la independencia, ¿por qué en la opinión pública reina la idea de que no hay nada al respecto? Para los representantes del Gobierno, esto se debe a la campaña mediática contraria a Duque y a que los medios no difunden los actos de conmemoración. Sin embargo, las críticas surgidas sobre el bicentenario se refieren más a un problema de fondo que combina la falta de continuidad entre los festejos del 20 de julio de 2010 y los del 7 de agosto, los escasos recursos públicos, la improvisación y la coyuntura política caracterizada por una creciente polarización.

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La mayoría de los historiadores e intelectuales consultados por SEMANA lamentaron esa falta de continuidad organizativa y conmemorativa entre las dos fechas. En febrero de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe creó la Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario de la Independencia, que asesoraría al “Gobierno nacional en temas relacionados con la celebración”. Ciertamente hubo una agenda con múltiples actividades (incluido el Gran Concierto Nacional 2010, la apertura de la urna del centenario y el clásico recorrido por la ruta libertadora, llevado a cabo por el Ejército Nacional). Pero la conmemoración del grito de independencia no cumplió con las expectativas de un gran sector de los colombianos y palideció frente a la magnitud de las de México y Argentina. Ante los reparos, el presidente Uribe dijo que, aunque el 20 de julio era una fecha importante, la verdadera celebración de la independencia debería ser el 7 de agosto de 2019, y que todos los esfuerzos tendrían que encaminarse hacia allá.

Pero esto no sucedió. Cinco días después de su posesión, el 11 de agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos suprimió por decreto la Alta Consejería creada por Uribe, y quedaron en el limbo o sin el apoyo del Gobierno nacional tanto las celebraciones de los otros bicentenarios como la promulgación de las constituciones provinciales, las campañas militares de Antonio Nariño, la creación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la guerra civil entre Cundinamarca y las Provincias Unidas, la independencia de Cartagena, entre otras. Tales festejos solo tuvieron lugar en eventos académicos o promovidos por las gobernaciones.

La desarticulación de los gobiernos Uribe, Santos y Duque ha derivado en un festejo poco memorable.

Este abandono desilusionó a los intelectuales e historiadores con el Gobierno de Santos. Para ellos, el país había perdido una oportunidad para reflexionar sobre el proceso de independencia más allá del 20 de julio y para hacer una conmemoración realmente incluyente, que reconociera otras fechas distintas a las de los sucesos de Santa Fe.

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El tema de la celebración del bicentenario se reactivó con el Plan de Desarrollo del segundo gobierno de Santos, aprobado a mediados de 2015. Allí, el artículo 257 creó una comisión de expertos para el bicentenario, liderada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Pero el Gobierno solo reglamentó el artículo en 2018 al expedir el decreto que oficializaba la comisión y sus funciones. En ese mismo año, el presidente sancionó la Ley 1916, que vinculó a la nación con el festejo del bicentenario y declaró patrimonio cultural a los municipios por los que pasó la ruta libertadora. Esta ley autorizaba al Gobierno de asegurar los recursos para obras en estas poblaciones y para recuperar distintos monumentos.

Con el hashtag #máscolombianoquenunca, el Gobierno nacional promociona los festejos del bicentenario.

Muchos académicos consideraron que esta ley llegó tarde, porque el presidente la promulgó solo 20 días antes de salir de la presidencia y no sabía si Iván Duque continuaría con el plan.

Este y la vicepresidenta poco cambiaron lo que decía la ley y continuaron con la idea de las obras de inversión en los municipios de la ruta, las cuales quedaron plasmadas en el Plan de Desarrollo 2018-2020 y en el Pacto Bicentenario.

Sería injusto afirmar que el Gobierno Duque no ha hecho absolutamente nada por celebrar la independencia y negar que ha llevado a cabo actividades culturales y restaurado monumentos.

Pero sí lo es decir que esta celebración ha resultado demasiado modesta y poco publicitada. Y eso se debe, entre otras cosas, a que en el país no existe una política de Estado ni siquiera para algo tan notable como el bicentenario de la independencia. Entre los festejos del 20 julio de 2010 y la preparación de los del 7 de agosto de 2019, prácticamente pasaron ocho años y dos comisiones. Además, la polarización causada por temas como el proceso de paz con las Farc y las controversias por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han impedido que los colombianos logren conciliar sus diferencias y celebrar su génesis como nación republicana.

Así las cosas, el 7 de agosto los colombianos no presenciarán la inauguración de una obra importante, o de un monumento alusivo a la gesta independentista. Estas tendrían que haber comenzado hace varios años. Y ni siquiera una gran fiesta que deje en la memoria algo que merezca una mención en los futuros libros de historia. La vicepresidenta informó que las celebraciones irán hasta 2022. Habrá que esperar.

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