Le dicen la escuela errante. Y en uno de sus muros está escrita la frase que resume todo: “Me verás caer”. Desde julio de este año, el edificio de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Bogotá tiene una grieta escandalosa que atraviesa su costado occidental. Una huella de un problema con muchos dolientes y pocas soluciones.A partir del momento en el que la pared se abrió, estudiantes y maestros dicen que la escuela se cae a pedazos y que un artista no puede andar de edificio en edificio con el caballete al hombro: cuatro de los salones de la escuela fueron cerrados.Lo preocupante es que este no es un caso aislado. Desde hace casi 20 años la Ciudad Blanca tiene problemas de infraestructura, un hecho que no solo pone en riesgo el patrimonio material que alberga, sino al sistema de educación pública de la Nación.Este campus resultó de una iniciativa del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938), ejecutada por el arquitecto colombo-alemán Leopoldo Rother. Sus edificios, que marcaron un hito de la arquitectura moderna en Colombia, materializaron un país distinto, laico y más abierto. Tiene un trazado elíptico que rompe con los ángulos rectos y, desde el cielo, forma un búho: el símbolo de la sabiduría. El valor patrimonial de esta sede es enorme con sus 27 bienes de interés cultural de la nación, uno de ellos la Escuela de Bellas Artes.Aunque aún no se ha realizado un estudio que determine la gravedad del daño estructural del edificio, los expertos dicen que lo de ahora es resultado de la desecación que sufrió el suelo con el último verano. Eso hizo que el edificio se inclinara hacia el costado occidental, que salieran grietas y que algunas puertas no abran ni cierren. Angélica Chica, profesora de arquitectura y patrimonio de la universidad, dice que el deterioro afecta la funcionalidad del edificio y la cotidianidad de quienes lo ocupan. Y saber si se va a caer o no es imposible.Sobre la infraestructura entera existe un diagnóstico de 2012 según el cual, de las 152 edificaciones de esta sede, 131 fueron construidas antes de la norma de sismorresistencia de 1998, y por ello todas tendrán que ser reforzadas obligatoriamente. De ellas, 21 presentan riesgo de alta vulnerabilidad y cuatro amenazan ruina: la antigua torre de Enfermería, la Escuela de Cine y Televisión, el estadio Alfonso López y la Escuela de Bellas Artes, las dos últimas declaradas patrimonio.Intervenir estos bienes costaría 2 billones de pesos. Pero las cuentas no dan: el presupuesto de este campus universitario al año es de unos 350.000 millones, que hay que repartir entre funcionamiento e inversión, rubros a su vez divididos, por un lado, en nómina y servicios y, por el otro, en bibliotecas, investigación e infraestructura, a la que se le destinan solo 50.000 millones.El dictamen asusta. Pero no todos los datos son tan alarmantes como parecen. En Bogotá la mayoría de los edificios se construyeron antes de 1998 y, por ende, sus estructuras deben reforzarse para cumplir la ley. Lo mismo pasa con los 131 inmuebles de la Nacional que deberán adecuarse. Su intervención, dicen las directivas, se hará pero tomará tiempo.En cambio, las 21 edificaciones con alto riesgo de vulnerabilidad y las cuatro en amenaza de ruina, sí son una prioridad y, más allá del parte de tranquilidad que dan los expertos, a la vista el asunto parece grave. Desde su creación en 1988 la Escuela de Cine y Televisión está ubicada en el estadio Alfonso López, también en riesgo de desplomarse. En 2013 el techo del baño de mujeres de esa escuela se cayó. Las múltiples goteras del edificio de Ciencias Naturales han destruido colecciones biológicas invaluables para la comunidad científica.Pero el caso irónico es el de los estudiantes de Arquitectura que entraron a estudiar la carrera sin edificio propio, y que se van a graduar sin tenerlo porque el que había se cerró en 2013 y se demolió a finales de 2014. Reciben algunas de sus clases en el polideportivo de la universidad y los estudiantes dicen con ironía: “El colmo de colmos: los de arquitectura sin edificio”.Aunque parece desidia de las directivas, estas sí han tomado medidas al respecto, solo que la universidad no tiene presupuesto. Jaime Franky, vicerrector de la sede Bogotá, dice que la obra del nuevo edificio de Arquitectura empezará a comienzos de 2017. Y que desde la década pasada la universidad comenzó a intervenir los edificios con el de Ciencias Económicas, bien de interés cultural, y con la Biblioteca Gabriel García Márquez. Entre 2011 y 2014 restauró el edificio de Ingeniería Julio Garavito, también patrimonio, y a finales de 2015 inauguró el archivo general en lo que antes era conocido como el matadero.Este año la institución inauguró el nuevo hospital –tras reforzar y adecuar la antigua clínica Santa Clara– y la nueva torre de Enfermería. Y próximamente intervendrá el edificio de posgrados de Ciencias Humanas, del arquitecto Rogelio Salmona, y la Escuela de Bellas Artes.En cuanto a esta última, desde mayo de este año la universidad pidió al Ministerio de Cultura autorización para intervenirlo de emergencia. Eso permitió talar dos árboles que estaban erosionando el suelo y, según Franky, con eso se mitigó la inclinación. Ahora están contratando las obras de emergencia y luego diseñarán el trabajo integral.¿Pero de dónde saldrá el dinero para todo eso? Desde 2015 la universidad recibe recursos anuales provenientes del impuesto a la estampilla, un gravamen a algunos contratos de obras públicas. Durante los primeros cinco años, el 75 por ciento del dinero recaudado irá para la Universidad Nacional y el 25 restante a otras universidades públicas.Hasta el momento, esta institución ha recibido 21.000 millones de la estampilla y este año invirtió 4.000 millones más en infraestructura provenientes de recursos propios y de la Nación. Hasta 2018 se invertirán 70.000 millones en ese rubro. “Es como si te regalaran 100 pesos para el arriendo que cuesta 800.000”, dice Sara Abril, representante de los estudiantes de la Nacional en todo el país.La ley no ayuda. Hay una contradictoria combinación de normas que poco aumentan los recursos que el Estado le da a la universidad y que, a la vez, le exigen inversiones gigantescas. La Ley 30 de 1992, que determina el presupuesto que el Estado entregará a las instituciones educativas públicas, aumenta esa cifra según lo haga el índice de precios al consumidor. “Ese aumento es tan corto –según el Ministerio de Educación fue del 28 por ciento en los últimos cinco años–, que disposiciones adicionales del gobierno, como el incremento de salario que se les da a los profesores más proactivos, es porcentualmente mayor al aumento anual del presupuesto de la universidad”, dice Franky.A eso se suma otra paradoja: el presupuesto total de la universidad aumenta mucho menos que lo que podría costar cumplir en su totalidad la ley de sismorresistencia, una cifra cercana al billón de pesos.Ese desbalance, dicen las directivas, se advirtió hace mucho tiempo pero nadie parece escuchar. Por ahora, ni el Ministerio de Hacienda ni el de Educación han tomado acciones al respecto. Por su parte, el Ministerio de Cultura solo puede agilizar la autorización de las intervenciones a los bienes patrimoniales o, en el caso de que la universidad se lo pida, aportar recursos para conservar esas edificaciones.Por ahora, los estudiantes y los maestros seguirán con miedo de sufrir algún accidente en clase, los bienes de interés cultural no podrán ser restaurados con la urgencia que requieren y el paradigmático campus que hace 80 años deslumbró al país se deteriorará aún más.