Introducción

En un foro virtual convocado por una organización de derechos humanos, en tiempos de pandemia, alguno de los presentes preguntó cómo se explicaba que en un país tan complejo como Colombia –donde parecemos no ser capaces de ponernos de acuerdo sobre las cosas más elementales– fue posible que se aprobara una Constitución tan progresista, con garantías efectivas para todos los derechos humanos; se nos ocurrió responder que, así como las personas, los países también tienen momentos de lucidez, y alguien añadió: y de grandeza.

En los treinta años de vigencia de esta Constitución se llevaron a cabo tantos eventos de celebración, a lo largo y ancho del país, que mostraron el inmenso interés de todas las personas, y especialmente de las y los jóvenes estudiantes, no sólo de Derecho o Ciencia Política, sino de todas las profesiones, por conocer cuáles fueron las circunstancias y los hechos que dieron lugar a la convocatoria de una asamblea constituyente de carácter popular, por elección directa de la gente, por primera vez en nuestra historia, lo que nos sirvió de inspiración para escribir el presente trabajo.

Nos pareció importante entonces contarles cómo se convocó, cómo fue la integración de la asamblea, su representatividad pluralista y diversa, donde confluyeron personas de diferentes ideologías, partidos políticos, regiones, profesiones y oficios, además de un diverso origen étnico y cultural, y se pusieron de acuerdo en un texto constitucional que rigiera los destinos de Colombia.

Recogimos entonces en los siguientes ocho capítulos una visión general de los temas más relevantes: el primero describe el protagonismo que lograron los jóvenes de la época para hacer realidad la aspiración del pueblo colombiano de una Constitución que fuera incluyente, que sirviera de brújula para superar las adversidades de un país inmerso en diferentes formas de violencia e inequidad.

El segundo versa sobre los valores y principios que le dan cimiento a una Constitución fundada en la dignidad humana y en el reconocimiento de que los poderes públicos tienen origen en la soberanía popular, por lo cual su única finalidad es el servicio a los ciudadanos.

El tercero se refiere al Estado social de derecho, incluyente de todas las personas, razas y creencias, y que, basado en la igualdad, obliga al Estado a ejercer una discriminación positiva en favor de poblaciones en estado de debilidad o vulnerabilidad y establece la autonomía de los territorios.

Si algo caracteriza la Constitución del 91 es su carta de derechos, a la cual nos referimos en el capítulo cuarto, tanto los civiles y políticos como los llamados de segunda generación: económicos, sociales, culturales y del ambiente, que hoy en día han cobrado igual importancia que los primeros, ya que el ejercicio de unos y otros depende de la cabal realización de todos ellos. Y, para evitar que se vulneren, establece acciones judiciales tanto individuales como colectivas.

En el capítulo quinto resaltamos los derechos y deberes ambientales, y el papel fundamental que tiene el Estado en su protección mediante la dirección de la economía y la planeación con sostenibilidad ambiental. Como una manifestación de la soberanía del pueblo, la misma Constitución estableció mecanismos de participación ciudadana directa, tanto política como en el ámbito social. Este es el tema del capítulo sexto, además de la descripción y el análisis somero de algunas experiencias y algunos ejercicios de participación ciudadana que han tenido lugar.

Finalmente, el capítulo séptimo describe la forma como está organizado el Estado a nivel nacional, y el capítulo ocho se refiere a la organización territorial. Esperamos que el texto así concebido cumpla sus objetivos de dar a conocer el abecé de nuestra organización política, despertar el interés de quienes lo lean en profundizar sus conocimientos, y, sobre todo, sea un aliciente para ejercer la ciudadanía de manera activa, por cuanto la patria nos da la identidad y es tarea de todos construir la convivencia.

*Con autorización de Penguin Random House.