Uno de los decretos presidenciales para controlar el gasto público había determinado a principios de mayo que todo funcionario público y parlamentario que se desplazara en avión por cuenta del erario público debía hacerlo en clase de turismo. Sin embargo, las airadas Protestas de un grupo de parlamentarios que debía viajar a Seúl y Pekín y que ya había adquirido sus tiquetes de primera clase, obligaron al gobierno a echar para atrás esta medida de austeridad.