Después de un estudio de contexto se lograron asociar 34 casos de delitos cometidos contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica como de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto, por homicidios, desaparición forzada y amenazas a quienes fueron intimidados por parte de paramilitares y agentes del estado. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo y el director nacional de Análisis y Contextos, Juan Pablo Hinestrosa, fueron los encargados de dar a conocer los casos que se consideran imprescriptibles. La mayoría de estos, se encontraban prescritos y tras conocerse la medida fueron reabiertos. De acuerdo a como lo expuso el vicefiscal la decisión se basa en el hecho de que se trata de crímenes cometidos de manera sistemática en contra de simpatizantes de la UP en un corto periodo de tiempo. Lo que obliga a que se reactiven las investigaciones. "Esto implica compromiso de seguir investigando, no significa que otros asesinatos de la UP no sean considerados a futuro delitos de lesa humanidad", dijo el vicefiscal Perdomo. Entre los casos presentado por la Fiscalía se encuentra el del excandidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa, quien fue asesinado el 22 de marzo de 1990 cuando se dirigía al aeropuerto ElDorado. Así, como el caso de José Antequera uno de los primeros en denunciar cómo se gestaban los grupos paramilitares en el país, y quien fue asesinado el 3 de marzo de 1989. De igual forma, en el expediente también se incluyó la masacre cometida el 12 de agosto de 1995 en el barrio el Bosque en el municipio de Chigorodó, Antioquia. Para esa fecha un grupo de paramilitares irrumpió en la discoteca el Aracatazo y asesino un grupo de civiles, entre los que se encontraban varios sindicalistas y líderes de izquierda. En total resultaron 18 víctimas de homicidio y un lesionado. La Unión Patriótica fue reducida - en uno de los episodios más vergonzosos de la historia colombiana- por el efecto de las balas de grupos paramilitares, en algunos casos en el auspicio de agentes de Estado. Entre 1984 y 1997, fueron asesinados más de 2.300 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 145 concejales. Para 2006, las cuentas de la ONG Reiniciar superaban las 6.000 víctimas, entre amenazados, desaparecidos, desplazados y asesinados. Esta es la lista de los casos: Óscar Montoya y otros Misael A. Zambrano Luis Marina Arroyave Julio Cañón López Rafael Gracia y otros Baldomero Useche Feliz Antonio Villalva Carlos Gónima Norman Sergio Vallejo Diana Stella Cardona Bernardo Jaramillo Ossa Pedro Luis Valencia Elkin de Jesús Martínez Alberto León Muñoz Francisco Elado Gaviria Alfredo Gómez Doria Leonardo Aguirre López Carmelo Durando Romero y otros Arturo Moreno López Jorge Luis Julio y otros Iber Modesto Rojas Darío Pérez Negrete Alfredo Manuel Flórez y otro Enrique Cabria Genes Arsenio Córdoba Blandón Francisco Luis Velásquez Iván Antonio Correo Pedro Luis Bermúdez y otro Jose Antequera Gloria Isabel Cuartas Luis Alberto Jungo A. Silvio Miguel Gómez Luis Alvarado David Oliveros Bartolomé Cataño Vallejo