Un día después de que el presidente Iván Duque promulgara la reforma constitucional que establece la cadena perpetua para violadores de menores en el país, se conoció la primera demanda contra el acto legislativo, el 01 de 2020, ante la Corte Constitucional. Vea el video con los argumentos en contra a la prisión perpetua
La demanda fue interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas, los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, del Partido de la U; y la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Los demandantes afirman que la reforma es inconstitucional. Consideran que vulnera el preámbulo de la Constitución y sus artículos 1, 2, 12, 28, 93, 114, 188 y 375. Afirman que la norma "no protege la dignidad de los niños, niñas y adolescentes” porque consideran que “no adopta medidas para su protección o atención ni aborda los problemas sustanciales de los fenómenos de violencia”.
También manifiestan que el aumento de las penas “genera una falsa sensación de justicia que permite la continuidad de la impunidad". "La cadena perpetua no da respuestas ni profundas ni integrales a las necesidades de las víctimas y de la sociedad frente al crimen y su prevención”, aseguran. Consideran, además, que en su trámite hubo vicios de forma porque no se adelantaron las recusaciones presentadas en los últimos dos debates en el Senado de la República.
“Creemos que nuevamente el Congreso incumplió el procedimiento para la expedición de la reforma, infringiendo la Constitución y su reglamento interno, por la ausencia de trámite de las recusaciones presentadas en séptimo y octavo debate. Si este era realmente un tema tan importante para las y los congresistas ¿por qué se incumplió el procedimiento para su expedición? ¿por qué no se actuó con diligencia y garantías democráticas para su aprobación?”, cuestionan.
Los demandantes señalan que el Gobierno nacional y el Congreso tienen competencias “para establecer una política pública integral para proteger a los niños, niñas y adolescentes, con alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena de los responsables cuando sus derechos resulten vulnerados”. "La reforma constitucional que se planteó, reiteramos, no aporta nada para ello”, subrayan. Durante la promulgación del acto legislativo, el presidente Duque afirmó que el país dio “un paso trascendental porque a pesar de 13 años de constantes procesos logramos sacar adelante este artículo en virtud de que los derechos de los niños están por encima de los demás“. Destacó además que el Congreso trabajó con criterio de unidad para sacar adelante este proyecto. “Todos los partidos políticos trabajaron a favor de los niños de nuestro país“, dijo. “Colombia le dice no a los hampones que usurpan la inocencia de los niños y le decimos no a aquellos que han tratado de silenciarlos“ dijo Duque, quien señaló que tanto Gobierno como el Congreso trabajan para que los delitos contra los menores de edad no prescriban. El acto legislativo que reforma el artículo 34 de la Constitución Política para condenar a prisión perpetua revisable a los violadores y asesinos de niños fue aprobado a mediados de junio en su octavo y último debate en la plenaria del Senado de la República. Una reforma polémica La prisión perpetua es una causa muy popular en la opinión pública, pero muy criticada entre los juristas. Muchos de ellos aseguran que la reducción de los delitos contra los menores no se logra con endurecer el sistema penal y que de hecho ya existen castigos severos y sin beneficios para quienes los cometen. Uno de los más críticos ha sido el catedrático de la Universidad Nacional y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Rodrigo Uprimny Yepes. En varias oportunidades, Uprimny recordó que las leyes colombianas ya prevén penas altas para violadores y asesinos de menores de edad que pueden llegar hasta los 60 años. Además, recalcó que la problemática radica en los altos niveles de impunidad que hay en Colombia y esto no será solucionado con la creación de penas que tengan una mayor severidad. “La solución no es, entonces, aumentar la pena hasta cadena perpetua, sino reducir la impunidad con una mejor investigación criminal”, asegura Uprimny Yepes. El Colegio de Abogados Penalistas, en cabeza de Francisco Bernate Ochoa, profesor de la Universidad del Rosario, ya también hizo pública su decisión de demandar la cadena perpetua para violadores. Bernate Ochoa ha calificado el accionar del Congreso como "populismo punitivo" y ha resaltado que la revisión de la condena es un beneficio para los violadores que no existía antes en el país. Es decir, Bernate considera que, tal como quedó redactado el proyecto, da cabida para que quienes estén purgando condenas de más 25 años, al cumplirse ese término, soliciten revisión de la sentencia en virtud del principio de favorabilidad. Un escenario que surgió con la polémica reforma. Contra una postura histórica Las demandas que serán conocidas por la Corte Constitucional, se enfrentarán a la postura histórica de este tribunal que, en materia de sanción penal, ha estado a favor del sentido de la resocialización de las penas, el cual defiende que el castigo impuesto por el juez es una herramienta para reeducar y rehabilitar a la persona condenada.
Basándose en este argumento, la Corte ha revocado múltiples sentencias que restringen la redención de la pena a criminales responsables de crímenes contra menores de edad. No cabe duda de que la cadena perpetua va en contravía de este razonamiento y es por eso que, desde ya, varios abogados anticipan que la reforma no verá la luz. Otra dificultad que han apuntado los expertos está en el desajuste jurídico que habría en caso de que la cadena perpetua entre en vigencia. Serían necesarias reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario y Carcelario, sin contar que no existiría proporcionalidad en las penas. Delitos como la tortura, el homicidio agravado y el genocidio recibirían sanciones inferiores a la cadena perpetua. Bajo este panorama, la euforia que generó la promulgación de la reforma constitucional por parte del Gobierno podría desvanecerse tan pronto los magistrados dicten su fallo. Si este es el desenlace, sería un nuevo llamado al Gobierno y al Congreso para que evalúen la eficacia de la iniciativa y se centren en buscar alternativas para reducir la impunidad, en vez de endurecer las penas.