Se trató de un acontecimiento prácticamente inédito desde el sorpresivo regreso de Manuel Zelaya al país, el pasado 21 de septiembre. Hasta este viernes, la mayoría de las manifestaciones en contra del gobierno interino, que preside Roberto Micheletti, habían desembocado en enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas de seguridad. Esto ha sido denunciado por la "resistencia" como un ejemplo de la naturaleza represiva de las autoridades de facto. Mientras, el gobierno interino insiste en que detrás de los manifestantes se esconden muchos vándalos, más interesados en saquear y robar que en hacer uso de su derecho a protestar. Muertos, heridos, detenidos Sea cual fuere la principal causa, el saldo de los enfrentamientos derivados del regreso de Zelaya hasta la fecha ya suma dos muertos, 18 heridos de bala y más de 92 lesionados, según el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón. "También llevamos más de 600 detenidos. Y si eso ha pasado en cuatro días, ¿qué puede pasar en cuatro meses?", se preguntó. La oposición también ha denunciado operativos nocturnos que incluirían allanamientos y arrestos ilegales. Y la decisión de las autoridades policiales de usar temporalmente un estadio -el "Chochi Sosa"- para albergar a los detenidos durante las manifestaciones que siguieron al retorno de Zelaya, fue denunciada por algunos como una medida típica de una "dictadura militar". Detenidos al estadio El Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, le dijo, sin embargo, a BBC Mundo que la medida, si bien impropia, se había justificado por la falta de infraestructura de la Policía Nacional. "Y todas las personas fueron liberadas de inmediato", afirmó. Tal vez por eso, este viernes, en el estadio no quedaba ningún vestigio de su uso como centro de detención. Las únicas personas en su interior eran los jardineros que le daban mantenimiento al césped del jardín central. "A nosotros nos sacaron el lunes, cerraron los portones como a las seis de la tarde y ya no nos dejaron entrar", contó Patricia Varela, de 27 años, dependiente de un puesto de chucherías de la Villa Olímpica, donde está ubicado el estadio en cuestión. "Así que no le puedo contar nada", se disculpó. "Pero el miércoles a las seis ya estaba abierto, normal, y en los portones había preguntando (por los detenidos)". En el estadio Uno de esos detenidos fue Maynor Pena, de 23 años, quien por razones de trabajo transitaba por las calles durante el toque de queda, lo que resultó en su detención por efectivos de la Policía Nacional Preventiva. "Me bajaron a la fuerza, prácticamente, me subieron a golpes a la patrulla y me llevaron al estadio Chochi Sosa", relató. Según sus cálculos, dentro de la instalación deportiva había unos 120 detenidos: unos, por haber participado en las demostraciones; otros - como él-, por haber violentado el toque de queda impuesto a raíz del regreso de Zelaya. Esta última medida -que en principio estuvo vigente por prácticamente tres días consecutivos y a partir del jueves ha sido renovada todas las noches- ha sido denunciada por algunos como un equivalente del arresto domiciliar. Sin embargo, en un país en el que la mitad de la población considera que lo que ocurrió el pasado 28 de junio fue un golpe de estado y la otra, una sucesión constitucional, no es difícil encontrar gente que afirme que la disposición no es parte del problema, sino de la solución. Y las valoraciones sobre la situación de los derechos humanos en Honduras a raíz de los sucesos del 28 de junio también difieren muchísimo, según las simpatías políticas de los entrevistados. Para el comisionado Custodio, por ejemplo, algunas de las valoraciones más negativas de la situación hondureña están basadas en testimonios de gente que "no dice la verdad, tergiversa los hechos o sencillamente exagera la situación". Pero analistas independientes, como el periodista Manuel Calderón, no dudan en afirmar que, desde hace una semana Honduras vive "los peores momentos de represión, violencia y abuso de poder desde que el pasado 28 de junio ocurrió el golpe de Estado". Así las cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el pasado miércoles una visita "urgente" a Honduras para evaluar la situación; solicitud que hasta el momento no ha tenido respuesta.