Decenas de bultos con miles de camisetas de la Selección Colombia de Fútbol fueron descubiertos por la Fiscalía en bodegas y locales donde había también la maquinaria necesaria para falsificar las etiquetas que le daban la apariencia a las prendas de ser originales. En total se incautaron 5 mil camisetas falsas que estaban listas para ser comercializadas en diferentes regiones del país. Los peritos del CTI calculan que la totalidad de la mercancía incautada puesta en el mercado regular tendría un valor cercano a los 3.000 millones de pesos.Los investigadores también hallaron 290 millones de pesos guardados en cajas fuertes y se dio la captura de 9 personas que se dedicaban a la venta y fabricación de productos adulterados. Los operativos se desplegaron en dos ciudades del país: Bogotá, Cali. La redada se dio gracias a la coordinación de 87 funcionarios y 21 agentes del CTI y 12 peritos expertos de las marcas. También se contó con el apoyo de 120 uniformados del Batallón de Policía Militar. Los Fiscales a cargo del operativo investigaban desde 2016. Se adelantaron seguimientos, interceptaciones y verificaciones. La investigación señala que la red compraba las camisetas en grandes lotes en China y se encargaba de trasportarlas vía marítima hasta los puertos de Colombia. A partir de ahí se daba la distribución de la mercancía a los populares San Andresitos del país. El golpe significa la incautación de 35 toneladas de mercancía falsificada, además de camisetas de la Selección se hallaron también electrodomésticos, celulares, maquinaria y ropa deportiva.Entre los objetos que pasaron a manos de las autoridades se encontraron motosierras y guadañadoras, supuestamente de una reconocida marca alemana, que al parecer eran importadas desde China. En el caso particular de estas herramientas, hay interés de la policía alemana porque provocaban graves accidentes a los operarios, quienes resultaban con heridas de gravedad en el rostro luego de que se soltara la cadena del aparato. A los capturados se les imputarán delitos contra la propiedad intelectual y usurpación de marcas y patentes, lo que les significaría penas de entre 5 y 8 años de cárcel.