La Guardia Civil ha registrado la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en una investigación por supuesta corrupción, informaron este miércoles fuentes judiciales, en un caso relacionado con el traslado de la Supercopa a Arabia Saudita.
Los agentes buscaban contratos irregulares concluidos en los últimos años durante la presidencia de Luis Rubiales, quien dimitió de su cargo el pasado año a raíz del escándalo por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.
El operativo está dirigido por un juzgado de Majadahonda, cerca de Madrid, que investiga los contratos para el traslado de la Supercopa de España a Arabia firmado por Rubiales en 2019.
Estos contratos han supuesto unos 40 millones de euros anuales (43,3 millones de dólares) para la RFEF y en el mismo actuó como intermediario Kosmos, la empresa del exfutbolista Gerard Piqué.
Según las fuentes, la investigación tiene su origen en los contratos relacionados con Arabia, pero va más allá.
La operación, coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, se está desarrollando en varios lugares de España, además de en la sede de la RFEF, en Las Rozas, a las afueras de la capital.
La intervención policial se enmarca “en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales”, dijeron las fuentes judiciales.
En la operación han sido detenidas siete personas, entre ellas el asesor jurídico de Rubiales, Tomás González Cueto, así como los directores de los servicios jurídicos de la RFEF, Pedro González Segura, y de Recursos Humanos, José Javier Giménez.
Según la prensa, el contrato para la Supercopa en Arabia fue redactado por el despacho de González Cueto.
El operativo incluyó varios registros domiciliarios y petición de información a distintas entidades públicas y privadas.
Entre los domicilios registrados figura el de Luis Rubiales en Granada, en el sur de España, aunque el expresidente de la RFEF no se encontraba en ella por estar fuera de España.
Los registros en la sede de la RFEF se han producido mientras está allí concentrada la selección española con vistas a sus dos partidos amistosos contra Colombia el viernes y Brasil el martes, aunque sus jugadores no han visto alterada su rutina.
“No tenía ni idea, hemos entrenado tan normal. Yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando”, dijo el portero de la Roja, David Raya, al ser preguntado sobre los registros.
La investigación por el traslado de la Supercopa de España a Arabia arrancó tras la denuncia presentada en 2022 por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán, contra Rubiales y Piqué por supuestos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
En esa querella, en la que reproducía informaciones de prensa, Galán afirmaba que Rubiales y Piqué “acordaron un plan para lucrarse con 24 millones de euros (26 millones de dólares) en contubernio y a costa de la RFEF”.
Galán denunció así que habrían pactado una comisión por celebrar la Supercopa de España en Arabia.
En la demanda también se pedía investigar si Rubiales había pagado con dinero federativo un viaje de ocio a Nueva York en 2018.
Rubiales siempre defendió la legalidad de los contratos para llevar la Supercopa a Arabia, y rechazó el pago de cualquier tipo de comisión, especialmente tras la aparición de las informaciones de prensa que hablaban de la posible comisión denunciada por Galán.
“La Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará un solo euro en comisión a nadie por esta operación”, afirmó Rubiales en 2022.
El propio Gerard Piqué aseguró unos días antes de esas declaraciones en una rueda de prensa que “todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses”.
*Con información de la AFP.