La tensa situación entre Atlético Nacional y su principal barra organizada provocaron un bochornoso desenlace en la previa al clásico de este domingo frente al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.

Miembros de Los del Sur cruzaron las barreras de su tribuna e intentaron invadir el campo, ocasionando que la Policía y el Esmad tuvieran que intervenir para controlar a la multitud. Lo grave es que todo terminó en un enfrentamiento con palos, extintores y cualquier objeto contundente que los hinchas encontraban a su paso.

La Fuerza Pública se vio entonces obligada a utilizar gases lacrimógenos y aturdidoras, decisión que puso aún más tensas las cosas dentro del principal escenario deportivo de Medellín. El partido, que estaba programado para las 6:20 p. m no se llevó a cabo y de momento se tiene pensado que se dispute en el mes de mayo, dependiendo del calendario de ambos conjuntos.

Pero esa no fue la única consecuencia para Nacional, pues el alcalde Daniel Quintero aseguró que no prestarán el estadio hasta que el club verdolaga no invierta en seguridad privada y garantice el bienestar de todos los asistentes. Eso implica que el cuadro paisa tendrá que buscar dónde jugar su partido de este jueves frente a Melgar por Copa Libertadores, otro dolor de cabeza para el presidente Mauricio Navarro.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional. | Foto: Captura Win Sports

Aparte del castigo que pretenden aplicar las autoridades de Medellín, Atlético Nacional también debe estar pendiente de la próxima resolución del comité disciplinario, en el que se confirmarán las sanciones económicas y deportivas para el club, la barra y la tribuna sur del Atanasio Girardot.

SEMANA consultó con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, sobre lo que puede avecinarse para la institución antioqueña luego de los bochornosos hechos ocurridos en la tarde del domingo. “No sabemos porque es un tema de comité disciplinario del campeonato. Tienen que revisar los informes del árbitro y del comisario para ver qué conductas se dieron que se puedan imputar al club”, indicó el dirigente.

“Es difícil porque el partido nunca comenzó. Antes del partido el club ya había avisado esa posibilidad (de los disturbios) y fue lo que finalmente pasó”, admitió el presidente, que confirmó que su grupo de trabajo informó al Puesto de Mando Unificado (PMU) y al coronel de la Policía que se iban a presentar desmanes en la tribuna por la decisión anunciada por Nacional horas antes del compromiso.

Momento en el que integrantes de la barra Los del Sur se enfrentan a la Fuerza Pública. | Foto: Jaime Pérez - El Colombiano
Así quedó la zona sur del Atanasio Girardot tras los disturbios de la barra Los del Sur. | Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

El hecho de haber avisado sobre posibles manifestaciones violentas juega a favor de Nacional a la hora de la sanción, aunque no se descarta que sean castigados por parte del comité disciplinario. “Es difícil prever eso desde el punto de vista de la seguridad. El alcalde dijo que dispuso 800 efectivos, pero cuando esta gente (de la barra) hace lo que hace, pues es difícil incluso con 800 efectivos”, agregó Jaramillo.

Tal como lo hicieron en su comunicado emitido este lunes, la Dimayor rechaza las declaraciones del gobierno de Medellín en las que culpa directamente a Atlético Nacional por lo sucedido. “No se le puede dar responsabilidad al club de una conducta absolutamente violenta, desadaptada e ilegal de unas personas. No me puedo escudar con el club, eso es absolutamente absurdo”, declaró el presidente.

Fernando Jaramillo asegura que la coordinación entre clubes, Policía y autoridades debe mejorar para evitar que este tipo de actos violentos se sigan reproduciendo en los estadios del país. “Siempre tenemos reuniones antes de los partidos. Yo creo que hay que coordinar muy bien esas medidas, escuchar a los clubes y tomar medidas basados en eso. Lo que no puede pasar es que digan que es una responsabilidad de los privados el tema de la seguridad. Lo dice el Código de Policía, pero la Corte Suprema dice ‘no señor: la responsabilidad primaria de la seguridad, según la Constitución, depende de la Policía”, sentenció.