Colombia está al filo de perder los Juegos Panamericanos que se iban a llevar en Barranquilla durante el 2027. Desde hace varias semanas, la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) ha tenido al vilo al país por retirarle la sede que ya estaba adjudicada. La razón: incumplimiento en pagos que debía hacer el Gobierno Petro y que no fueron efectuados.
Tras esto, las represalias contra el mandatario colombiano se dieron desde todos los sectores, hasta que el Ministerio del Deporte tuvo que salir a dar explicaciones. El presidente, en su intención por demostrar que es de su interés albergar las justas, en los últimos días decidió tomar cartas en el asunto y ser él mismo quien liderara el plan para realizar los Juegos.
“Yo mismo voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida y, utilizando ese viaje, haremos una escala para hablar directamente con el presidente del Comité Ejecutivo y con el Comité Olímpico de esa nación”, dijo el pasado 9 de enero en una rueda de prensa.
Además, aceptó que hubo negligencia en cómo se llevó a cabo todo para los mencionados pagos: “El Gobierno Nacional siempre ha apoyado que Colombia sea sede de los juegos (...), pero por errores en el giro de recursos, ignorancia, desconocimiento y miedo de funcionarios, no cumplimos”.
“Establecer un plan de recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe. Lo que queremos notificar es que los ocho millones de dólares por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos. En cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera”, sostuvo Petro en esa atención a medios.
Sin embargo, aunque la intención del presidente Petro esté, deberá tener precaución en cómo orqueste su plan porque, según el reglamento del Comité Olímpico Internacional, la intervención de gobiernos no está permitida y acarrearía sanciones.
Para constatar lo grave que podría ser esta “intromisión” para Colombia, en la Carta Olímpica también se plasma la prohibición de los estados para este tipo de casos: “Los miembros del COI no aceptarán de los gobiernos, organizaciones ni terceras partes órdenes ni instrucciones susceptibles de comprometer su libertad de acción y de voto”.
Bajo lo mencionado, podría incurrirse en una falta; no obstante, los acercamientos diplomáticos, que es lo que busca el gobierno del presidente Petro, sí están aceptados.
Así las cosas, lo que se espera es que desde la Casa de Nariño se haga todo con cautela para no ir en contra del reglamento y que no se haga efectiva la sanción.