Un grupo de aproximadamente 200 hinchas ingresó al estadio El Campin pese a las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá de prohibir su ingreso por menos un año, tal como lo informó la Secretaría de Gobierno de la ciudad.
De acuerdo con la entidad, los hinchas violaron los protocolos de registro, seguridad y logística que fueron implementados el pasado 3 de agosto para evitar que se presentaran más hechos violentos como los ocurridos ese día entre las hinchadas de Nacional y Santa Fe.
En un trino de la Secretaría, se informó que: “haciendo uso de boletas de venta libre, 200 hinchas de Nacional ingresaron al estadio. Una vez identificados fueron aislados y los gestores, seguridad y logística están atentos para evitar inconvenientes. ¡Los controles de ingreso realizados por Santa Fe deben mejorar!”.
A pesar del ingreso irregular de los hinchas, no se presentaron hechos de violencia dentro o fuera del estadio, pero los seguidores del equipo verdolaga tuvieron que esperar un poco más de una hora para poder abandonar las instalaciones del estadio.
El personero de Bogotá, Julián Enrique Pinilla, pidió a los hinchas que cumplan con las normas.
“Pese a las restricciones establecidas por la administración distrital en donde se señalaba claramente que solo podrían entrar los hinchas del equipo local, algunos hinchas de Atlético Nacional han entrado al estadio El Campín. Se hace un llamado para que respeten las restricciones dadas”, dijo Pinilla.
Vale recordar que en la página oficial que surte la boletería del equipo local, como lo es Tuboleta, indicaron que estaba prohibida la venta de boletas a hinchas del cuadro visitante ante la norma impuesta por la Alcaldía de Claudia López.
Tras el hecho, la Secretaria de Gobierno de Bogotá se pronunció asegurando que dichos hinchas fueron aislados apenas se identificaron. “Haciendo uso de boletas de venta libre, 200 hinchas de @nacionaloficial ingresaron al estadio. Una vez identificados fueron aislados y los gestores, seguridad y logística están atentos para evitar inconvenientes. ¡Los controles de ingreso realizados por @SantaFe deben mejorar”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, no ha habido pronunciamiento por parte del presidente del cuadro cardenal, Eduardo Méndez, quien también aseguró tras los desmanes presentados que bajo su mandato no volverían a ingresar hinchas del cuadro antioqueño.
La sanción a la hinchada
El pasado martes 3 de agosto, el estadio El Campín fue testigo de una batalla campal que involucró a los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. En las graderías del máximo escenario de los capitalinos se observó un hecho sin precedentes, en el que un aficionado del cuadro verdolaga, identificado como Julián Mateo Molina, agredió de forma salvaje a otro hincha de Santa Fe en la tribuna norte.
La justicia colombiana tomó medidas en contra de Molina; sin embargo, por parte de la Dimayor, hasta la fecha no había pronunciamiento en cuanto a sanciones contra este sujeto. Este miércoles, en horas de la noche, el ente dio a conocer las resoluciones y los castigos para los dos clubes y, por supuesto, para el hincha de Nacional.
En el documento, que consta de ocho páginas, la Dimayor dio a conocer que Molina fue sancionado con tres años sin poder acceder a ningún estadio de Colombia. “Julián Mateo Molina Fonseca, espectador en el partido disputado entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, sancionado con prohibición de acceso a los estadios por tres (3) años”, dicta el comunicado.
Añade: “En las imágenes se puede observar cómo una persona, que posteriormente fue identificada por la Fiscalía General de la Nación como Julián Mateo Molina Fonseca, golpea repetidamente a una persona que se puede identificar como seguidor del club Independiente Santa Fe. El Comité rechaza enfáticamente conductas como las desplegadas por el señor Molina Fonseca, a quien además se le formuló imputación por el delito de homicidio en modalidad de tentativa. Es necesario erradicar la violencia en el fútbol y fomentar el disfrute del espectáculo en paz, situación que demanda que las autoridades públicas y privadas ejerzan sus facultades jurisdiccionales y disciplinarias para imponer sanciones ejemplares”.