“La denuncia que presentamos hace referencia a que, a nuestro parecer, los clubes profesionales de fútbol colombiano con el aval de la Dimayor vienen realizando prácticas comerciales restrictivas de la competencia: la primera, los clubes profesionales de fútbol han venido creando unas listas negras para que los jugadores no sean contratados por otros clubes profesionales del fútbol, afectando la oferta y demanda, y la autonomía de los clubes y jugadores de negociar”, dijo Dr. Jairo Rubio Escobar, exsuperintendente de Industria y Comercio, ahora apoderado de Acolfutpro en rueda de prensa hablando del escándalo que hoy involucra a 16 clubes del fútbol colombiano.
Además, Rubio Escobar dijo que hay veto a los jugadores mediante acuerdos entre clubes para aquellos jugadores que renuncien el último año a la vinculación con un equipo y que, en algunos casos, la queja de los futbolistas es que se les obliga a firmar con determinado agente para poder trabajar.
Según se explicó desde la organización que representa a los y las futbolistas profesionales en Colombia, la denuncia empezó a gestarse desde abril, se complementó en julio y se terminaron de recoger pruebas la semana pasada: “Recaudamos información y pruebas y con esos elementos probatorios para descubrir que existe una práctica anticompetitiva. La SIC toma la decisión de multar y dar unas órdenes para que no se vuelvan a cometer y no me refiero solamente al tema de las listas negras sino a todo lo que hemos denunciado”, aclaró el apoderado de Acolfutpro.
Según dijo el Dr. Jairo Rubio Escobar, hay irregularidades además en temas de derechos de imagen colectivo. Se puso de ejemplo la disputa legal entre Cortuluá y Nacional que impidió al verde de Antioquia inscribir jugadores.
Para Acolfutpro, es injusto que un jugador sea víctima por disputas legales entre clubes. Cada denuncia las acompañaron con pruebas documentales de comunicaciones firmadas por varios representantes legales de equipos que pedían a otros clubes que un jugador que estaba renunciando a un contrato de trabajo no podría ser contratado. “Los boicot están prohibidos. La razón por la que solo se investigan 16 y no 32 equipos no la sé. Nuestra denuncia no se limita solo a las listas negras, es más amplia y las prácticas anticompetitivas de la Dimayor como los clubes de fútbol con temas de derechos de trabajo, derechos de imagen y mucho más”, complementó el exsuperintendente de Industria y Comercio.
Una de las razones que dicen no entender es como la Dimayor y los clubes crearon su propia jurisdicción, sabiendo que en Colombia rige la jurisdicción ordinaria y la contenciosa administrativa: “Es decir que los conflictos no van a la justicia sino que son ellos los que deciden. Nos referimos a los temas de derecho, no disciplinario”, confirmó.
¿Qué sigue en la denuncia?
“Todos los investigados tienen 20 días hábiles para solicitar y aportar las pruebas para ejercer el derecho de defensa y contradicción. Ofrecer garantías, asumir algunas obligaciones de dar, hacer o no hacer para liberar el mercado de cualquier distorsión. Ese ofrecimiento debe ser estructural y que garantice que todo funcione para el bien de todos y no recibirán sanción. También hay beneficios por colaboración o lo que llamamos delación, por ejemplo que alguno acepte estas conductas y quiera aportar pruebas a la investigación”, explicó Rubio Escobar.
No se conoce la lista de los cinco casos de jugadores que denunciaron y fueron los que sacaron a la luz el caso, sin embargo, pronto saldría a la luz y se garantizaría la seguridad de los deportistas.
“Estuvimos recogiendo declaraciones, visitas e inspecciones de varios jugadores. Nos interesa que el mercado esté libre de cualquier distorsión. Hay que esperar hasta el final de la investigación para que la SIC de las órdenes necesarias a los clubes, Dimayor y Acolfutpro pero tenemos fe para que pueda resolverse por el bien de todos. Pediremos que nos reconozcan como terceros interesados en estos casos administrativos”, dijo Rubio Escobar y agregó: “Tendremos la lista de ejemplos de quienes pudieron conformar la lista negra. Lo importante no es que jugadores están, sino que no estén más”, puntualizó.
Carlos González Puche, director ejecutivo de la asociación, fue interrogado por SEMANA sobre la posible desafiliación que pueda causar estas prácticas denunciadas a la Federación Colombiana de Fútbol si la FIFA toma el caso y fue claro en decir que poco creen en eso, teniendo en cuenta que nuestro país es el protagonista de un escándalo por reventa de boletas y que la entidad mayor del fútbol mundial no hizo nada al respecto: “Con la lista negra ya tomaron decisiones en otros países. La FIFA no está por encima de la constitución ni la norma de ese país”, respondió vehemente González Puche.