En la Universidad Javeriana, Catherine Juvinao presentó su investigación sobre las presuntas irregularidades en el fútbol femenino colombiano.
Apoyada en la investigación de la Superindustria que abrió investigación a la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 29 clubes por presunta cartelización en la Liga Profesional Femenina, Catherine sentó su postura y está convencida de que hay violencia económica contra la mujer y violencia basada en género.
Sus argumentos tienen que ver con las pocas garantías de los contratos, que en algunos equipos van de 1 a 4 meses, y que los clubes estandarizaron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen de las jugadoras para participar en campañas publicitarias de los anunciantes que el club eligiera sin un pago adicional a su contrato.
“Como congresista velo por las garantías y los derechos laborales, me preocupan las condiciones de la Dimayor con los clubes femeninos en Colombia para precarizar de manera flagrante sus condiciones de trabajo y las condiciones de competencia”, dijo Juvinao a SEMANA.
Según dijo la SIC en septiembre de 2023, los clubes investigados, con la participación de la FCF y la Dimayor, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino. Para eso habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración.
Es decir, la mayoría de ellas habrían recibido el salario mínimo legal mensual vigente y como máximo 4.500.000 pesos mensuales.
“Ya hay pruebas que demuestran que la Dimayor les dio instrucción a los clubes para estandarizar contratos, topes salariales, la no remuneración adicional por el uso de derechos de imagen, la duración de los contratos, una intención explícita de no aceptar patrocinios del sector público y privado”, destacó Catherine.
La representante a la Cámara recordó que los directivos se negaron a recibir patrocinios y presupuesto para el desarrollo de la Liga Profesional, según indica, para evitar ser investigados.
“Desde la dirigencia impiden la promoción de la Liga Femenina y que las jugadoras mujeres trabajen en mínimas condiciones de dignidad, como lo dice la ley. Para mí hay algo muy grave. La Dimayor no puede intervenir en asuntos laborales de los clubes, es decir, violan sus propias reglas”, indica la mujer de la Alianza Verde.
Además, mencionó que Win Sports habría perjudicado el desarrollo del fútbol profesional femenino porque no transmiten los 10 partidos de fútbol a los que se comprometieron.
Desde la Dimayor aseguraron que ya habían presentado las garantías a la SIC para evitar sanciones. Juvinao se compromete a velar por dichas garantías.
“No sé si lo que ofrecen como garantías puede resarcir el tamaño del daño que le han ocasionado a las jugadoras desde 2017. Quiero, como congresista, que se llegue hasta las últimas consecuencias y una multa histórica a la Dimayor y los clubes”, concluyó Catherine en SEMANA.
“La superintendencia no exige garantías, es una facultad como la de defenderse que tienen los acusados. Lo que tiene que hacer la SIC es que las garantías no sean insuficientes, no es una autoridad que trague entero. Esas garantías siguen en curso y está en análisis”, dijo Gloria Montero Cabas, superintendente delegada para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Angélica Carrión, gobernadora del Colegio Nacional de Abogados del Trabajo fue una de las organizadoras del espacio donde Juvinao expuso su denuncia en la Universidad Javeriana sobre la presunta cartelización de los salarios en el fútbol femenino. Indicó que los abogados deben seguir trabajando por que el principio de equidad salarial continúe y se respete incluso por las ligas de fútbol.
“Propiciar el espacio es un avance. Creemos que nadie está por fuera de la legislación laboral colombiana y los lineamientos deben ser evaluados de manera crítica. Esta investigación nos dará muchas luces”.