Colombia logró poner fin a un conflicto interno de larga duración, pero la paz sigue en disputa. Mientras el Gobierno se empecinaba, con una incomprensible desconexión con la ciudadanía, en objetar la JEP, ambientar reformas laborales y pensionales regresivas y hacer aprobar una reforma tributaria que beneficiaba al capital con perjuicio de las clases medias y trabajadoras, el descontento acumulado irrumpió en la marcha de multitudes del 21N y el grito ensordecedor del espontáneo cacerolazo nacional. La reacción vino en la forma de los viejos métodos represivos del conflicto ya superado. Las autoridades no solamente sobreactuaron frente al llamado al paro con el cierre de fronteras, el acuartelamiento de primer grado del ejército y el llamado a la reserva, sino que aplicaron el toque de queda y hasta insinuaron la declaratoria de la conmoción interior, como si el llamado al paro fuera una declaratoria de guerra.  La experiencia muestra que los desmanes son usuales alrededor de las marchas y que la policía tiene la capacidad de aislar a los violentos, sin necesidad de disolver la protesta pacífica de quienes ejercen un derecho fundamental en democracia. La mayoría de los medios magnificaron los desmanes lo que efectivamente deslució las marchas pacíficas, festivas y multitudinarias. La repetición de las tomas de los actos aislados de violencia también sirvió para escudar un comportamiento censurable por parte del Esmad y otras unidades policiales.  La monumental patada, captada por las cámaras de El Tiempo, que le propinó un agente del Esmad a una joven que sostenía su bicicleta es el símbolo del “Estado opresor que actúa como macho violador”, de la canción de las mujeres chilenas que ha dado la vuelta al mundo y que refleja la indignación que inspira el machismo oficializado de las instituciones represivas del Estado.  Los múltiples videos de policías persiguiendo a jóvenes para golpearlos brutalmente en actitud de castigo por atreverse a protestar exigen condena y no justificación por parte de las autoridades. Las pintas de unos pocos, por reprobables que sean, no justifican tal agresión y tampoco la disolución de las concentraciones con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, como sucedió en la plaza de Bolívar y otros lugares.  El Esmad aplicó toda la violencia estructural y simbólica que pudo reunir con el objetivo de infundir miedo para frenar y desmotivar las movilizaciones, sin lograrlo. Más allá de los golpes que finalmente sanan, varios jóvenes perdieron un ojo y Dilan Cruz la vida. Con este condenable hecho, completa al menos 34 muertes en sus 20 años de existencia y demuestra la inaplicación de los protocolos para el uso de armas supuestamente “menos letales” a las cuales no debe ser expuesta la ciudadanía.  La gravedad de los hechos se multiplica al constatar que los encargados de controlar el accionar de la fuerza pública en vez de condenar los excesos, los justifican, sin siquiera investigar los hechos denunciados. Hasta la fecha, no se conoce una sola condena por lo que equivale a una muerte extrajudicial. A la impunidad se suma el agravante de que los familiares denuncian amenazas e intimidaciones que los ha obligado a callar y mudarse, incluso fuera del país.   El común denominador del abuso de la fuerza es la cultura belicosa y antisubversiva que se inculcó en la Policía durante los largos años del conflicto armado que les hace ver en cada manifestante a un enemigo, en lugar del ciudadano cuyos derechos han jurado proteger. El resultado es incompatible con los valores democráticos y la convivencia pacífica que una Policía civilista está llamada a proteger.  El senador Antonio Sanguino ha preparado un proyecto de ley para desmontar el Esmad y exigir a las autoridades departamentales y municipales establecer claros criterios de protección del derecho a la protesta en sus territorios. Su aprobación sería un paso fundamental para afianzar la cultura de paz que debe reemplazar la cultura de guerra que se impregnó en amplios ámbitos estatales y sociales y que la paz demanda erradicar.