Pasadas las siete de la mañana de este martes el presidente Iván Duque llegó al Palacio de Justicia para entregar personalmente la terna de la que saldrá el fiscal ad hoc que asumirá, inicialmente, tres expedientes del caso Odebrecht. El jefe de Estado tuvo una breve reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló a quien le entregó los nombres postulados. Se trata de: Margarita Cabello, magistrada de la corte; Leonardo Espinosa Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda; y Clara María González, secretaria jurídica de Casa de Nariño. El diseño de la terna, potestad exclusiva del presidente, se había desarrollado en el más absoluto hermetismo, y las únicas pistas que Duque había dado sobre el tema es que se tendría total escrúpulo para que los ternados fueran “personas idóneas, con toda la solvencia ética, jurídica y con toda la independencia” que permitan adelantar las investigaciones con rigor. El mandatario pidió celeridad en la elección. 

Puede leer: Terna para fiscal ad hoc tendrá total independencia, dice Duque La decisión no es de poca monta y Duque se la jugó con los nombres que designó para fiscal ad hoc. El caso de los sobornos de Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Colombia, y como avanzaba exclusivamente en los terrenos de la Fiscalía, los impedimentos del fiscal general Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros, llevaron a que el presidente de la república tuviera que ternar tres candidatos para que la Corte Suprema de Justicia eligiera a la persona que adelantará algunas líneas de esta investigación. Una de las candidatas más fuertes es Margarita Leonor Cabello, quien en 2009 fue ternada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para que remplazara en la dirección de la Fiscalía General de la Nación a Virginia Uribe. Es Barranquillera, con familia de tradición consteña y por un breve tiempo trabajo para un empresa del grupo Santodomingo. Fue procuradora delegalda para Vigilancia Disciplinaria en la procuraduría de Alejandro Ordóñez, quien se convirtió en uno de sus alentadores políticos. El 14 de febrero de 2012 fue elegida como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que en los próximos días eligirá al fiscal ad hoc. Por su parte, Leonardo Espinosa Quintero es decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y su paso por la vida política es inédito, se ha dedicado a la academia. Se especializó en Derecho Administrativo y ha publicado diversos libros en los que se ha encargado de pensar e investigar el derecho privado y el derecho comercial. En la Universidad Alfonso X El Sabio, de España, hizo estudios de doctorado donde se ocupó del tema de las nuevas teconlogías en el sistema jurídico colombiano.  Clara María González, secretaria jurídica de la Casa de Nariño, es una mujer de la entraña del uribismo y fue una de las abanderadas de la segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. González era muy cercana a Fabio Echeverri y ahora es una de las personas con más influencia en el presidente Iván Duque. Fue registradora Nacional y desde entonces se ha movido por el ala conservadora de la política nacional.  Duque ha fijado entre sus prioridades en el gobierno la lucha contra la corrupción, en ese sentido tiene los ojos de la opinión pública encima, pues la confección de la terna para fiscal ad hoc sería un punto de partida para que las investigaciones del caso Odebrecht llegaran hasta sus últimas consecuencias, a pesar de que sectores de la oposición no están muy convencidos de que eso llegue a pasar. Sin embargo, se nota que Duque se ocupó de que esta terna no tuviera ningún tipo de impedimiento, que ninguno de los nominados haya pasado por los millonarios pagos que el Grupo Aval le entrega a sus asesores jurídicos; por otro lado, todos bienen de la vida política o de la académica y nunca han tenido ningún tipo de investigación. Las dos mujeres vienen del lado uribista, lo que hace recordar la reunión que hac epoco sostuvieron en Casa de Nariño el presidente Duque, el fiscal Martínez y el senador Uribe.  En contexto: Gobierno anuncia que antes del martes habrá terna para fiscal ‘ad hoc‘ Primero porque el fiscal ad hoc no asumirá todo el caso Odebrecht sino apenas dos líneas investigativas relacionadas con el consorcio de la Rutal del Sol II, ejecutado por la firma brasileña con el Grupo Aval como socio minoritario. La primera tiene que ver con el soborno de 6,5 millones de dólares que en 2009 recibió el ya condenado exviceministro de transporte Gabriel García Morales para adjudicar el contrato de la Ruta del Sol II. El segundo con la adición de este contrato, un otrosí por 900.000 millones de pesos que salpicó a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por no declararse impedidas en este proceso en la que se habrían beneficiado firmas de la familia de esta última. Aunque la Fiscalía archivó esta investigación, podría reabrirse si se conocen nuevas pruebas, circunstancia que le corresponderá al fiscal ad hoc. Estas dos líneas investigativas eran conocidas por la vicefiscal Riveros desde el 8 de julio de 2017, luego de que la Corte Suprema admitiera el impedimento que presentó su jefe, el fiscal Martínez, porque como abogado del Grupo Aval no emitió un concepto para la construcción de la obra. Le puede interesar: El presidente Duque no podría nombrar un fiscal ad hoc: Angélica Lozano La oposición ha cuestionado el nombramiento de fiscal ad hoc por el hecho de que sea para esos casos específicos y no para todo el proceso de Odebrecht. Por ejemplo, el fiscal ad hoc no conocerá la investigación por los seis contratos que denunció el controller de Corficolombiana (empresa del Grupo Aval) Jorge Enrique Pizano y que destaparon la polémica con el fiscal general y su relación con el conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Para completar también se ha cuestionado la idoneidad del presidente de la república para confeccionar la terna para fiscal ad hoc. Todo por aquella reunión en Brasil en la que participó como jefe programático de la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, y donde se contrataron los servicios del estratega Eduardo Duda Mendoca, los cuales habrían sido pagados por la firma Odebrecht, aunque el Consejo Nacional Electoral determinó que no había pruebas para sustentar eso.