"Default selectivo". Ese es el término que la clasificadora de riesgo Standard and Poor‘s está utilizando para Venezuela luego de que la nación sudamericana no pudiera honrar dos pagos de interés sobre su deuda externa.La agencia crediticia Fitch también declararó en incumplimiento restringido, sólo un escalón por encima del default (suspensión de pagos), a la petrolera estatal, Pdvsa.Y la situación se podría agravar por la falta de acuerdo entre el gobierno de Venezuela y sus acreedores, quienes se reunieron el lunes en Caracas para tratar una posible renegociación de los compromisos financieros del país sudamericano.Le sugerimos: Por qué más de 400 multimillonarios en EE. UU. no quieren que les bajen los impuestosEl encuentro se produjo después de que el pasado 2 de noviembre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretara el "refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela".Varios asistentes al encuentro del lunes dijeron a la agencia Reuters que este duró poco más de un cuarto de hora y que los representantes gubernamentales no presentaron ninguna propuesta concreta de solución."No salió nada de allí, fue una oportunidad perdida", declaró uno de los inversionistas que había viajado especialmente a la capital venezolana para la reunión.Aunque Maduro dijo este domingo en su programa televisivo que "el default nunca llegará a Venezuela", en la reunión su gobierno no logró llegar a acuerdos con los tenedores de unos US$60.000 millones en bonos venezolanos (aproximadamente el 40% de su deuda externa).Y la clasificación de "default selectivo" a la deuda soberana de Venezuela le fue aplicada por S&P luego de que no se honrara un pago de US$200 millones correspondiente a dos emisiones de bonos cuyo período de gracia expiró el 12 de noviembre.Según la agencia, otras cuatro emisiones de bonos también presentan retrasos, aunque todavía están dentro del período de gracia.Algunos acreedores que no recibieron aún sus pagos manifestaron a Reuters que no están preocupados ya que el retraso se debe a la creciente vigilancia de las transacciones bancarias de Venezuela en el sistema internacional.El gobierno critica duramente las calificaciones de las agencias de riesgo, a las que califican de "instrumentos de acción artera contra Venezuela", ya que rebajan la calidad de la deuda del país pese a que el Ejecutivo afirma haber cancelado en los últimos 36 meses pagos por capital e intereses por valor de US$73.359 millones.Katy Watson, corresponsal para Sudamérica de la BBC, analiza el grave problema de la deuda venezolana y las opciones de Maduro.¿Qué propone el gobierno venezolano?Maduro dijo en su mensaje del 2 de noviembre que el país se dispone a "refinanciar y reestructurar" toda su deuda externa.Un paso así implicaría renegociar las condiciones en las que la República Bolivariana paga a los inversionistas extranjeros el dinero que les adeuda.El objetivo que esgrimió el presidente fue "luchar contra la persecución financiera" que, según él, sufre Venezuela a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos a destacados dirigentes venezolanos.Venezuela debe US$60.000 millones en bonos pendientes. Ese monto comprende títulos de deuda emitidos por el gobierno y también por la petrolera estatal Pdvsa.Pero el total de la deuda es aún mayor.Se estima en US$140.000 millones e incluye los préstamos recibidos de países como Rusia y China.¿Darán resultado las negociaciones?Las sanciones de Washington son el principal obstáculo, ya que impiden que ningún ciudadano estadounidense haga negocios con una lista de individuos que incluye altos cargos de la administración venezolana.Y los dos hombres a los que Maduro ha confiado la dirección de las negociaciones están incluidos en la lista.Se trata del vicepresidente Tareck El Aissami, al que el Departamento de Estado acusa de tráfico de drogas, y el ministro de Economía, Simón Zerpa, al que se le atribuyen prácticas corruptas y antidemocráticas.En contexto: Venezuela entra en default parcial de su deuda"Negociar directamente con el gobierno de Venezuela supondría una violación de las sanciones y sería ilegal", explica Jan Dehn, responsable global del Centro de Gestión de Inversiones Ashmore."No creo que muchos directivos estén dispuestos a asumir el riesgo de hacerlo, especialmente si su base está en EE.UU.", añade.De hecho, algunos de los asistentes al encuentro en Caracas se mantuvieron en una sala contigua para evitar encontrarse personalmente con El Aissami y Zerpa.¿Por qué Venezuela está teniendo tantos problemas para pagar?La respuesta depende de a quién se le pregunte. El gobierno de Maduro asegura que son los bajos precios del petróleo los que han puesto las cosas difíciles, aunque también culpa a la "guerra económica" de la oposición y las sanciones estadounidenses de los apuros venezolanos.Venezuela asegura que tiene problemas para efectuar los pagos por las sanciones y las trabas ene le sistema bancario mundial.La agencia Fitch, que el lunes rebajó la categoría de los bonos de PDVSA, justificó el incumplimiento en el pago "debido a retrasos en el procesamiento, que provocaron que los acreedores recibieran los pagos del capital hasta una semana después de la fecha de vencimiento".El país obtiene de sus exportaciones de crudo hasta un 95% de su ingresos. La caída en la cotización del crudo ha supuesto un duro golpe, pero es que, además, la producción también ha caído.Luis Vicente León, de la firma de estudios demoscópicos Datanalisis, estima que las exportaciones petroleras venezolanas son ahora una cuarta parte de lo que eran en 2012."Las ganancias extraordinarias por el petróleo es algo que a veces se obtiene, pero que no debe tratarse como si fuera a estar ahí para siempre", según Dehn.¿Puede Venezuela caer en suspensión de pagos?Cabe la posibilidad de que Venezuela no pueda llegar a un acuerdo sobre cómo hacer frente a los futuros pagos.Los inversionistas que tomaron parte en la reunión de Caracas señalaron que los representantes oficiales solicitaron su ayuda para sortear el efecto de las sanciones, que dificultan el uso de los sistemas de pago internacional.El gobierno reafirmó la voluntad del país de seguir honrando sus pagos, pero no detalló cómo podrá hacerlo posible.En el pasado, el país siempre prefirió hacer frente a los pagos por el miedo a lo que supondría caer en suspensión de pagos, recuerda Luis Vicente León."Para poder pagar la deuda, han tenido que sacrificar los pagos por las importaciones", dice.
Luber Faneitte, una mujer de 56 años diagnosticada con cáncer de pulmón, lucha a diario para encontrar con qué llenar su frigorífico en un país golpeado por la inflación.Como Venezuela depende de estas para proveerse de alimentos y medicinas, el analista afirma que el país se enfrenta ahora al dilema de cuidar de su gente o de quienes lo financian.Según León, la situación se complica todavía más por la gran necesidad de dólares para pagar los bienes importados que tiene la economía venezolana.Le puede interesar: Paradise Papers: huracán en el CaribeAdvierte también de que el impago podría llevar a que el sector petrolero venezolano sea vetado en los mercados internacionales.Si eso sucede, "Venezuela no conseguirá dólares. Y si no hay dólares, tampoco va a haber comida".¿Qué ocurriría si finalmente hubiera suspensión de pagos?La analista Risa Grais-Targow, del grupo Eurasia de análisis de riesgos geopolíticos, cree que si Maduro opta por no pagar, podría ver reflotar su popularidad a corto plazo.Podría resultar una decisión popular dedicar el dinero en principio destinado al pago de la deuda a partidas sociales.Esto podría fortalecer su situación de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año que viene."Con el caos que hay ahora en la oposición, Maduro ya se encuentra en una situación relativamente cómoda, pero el alivio a la falta de liquidez que a corto plazo podría producirse si se decidiera no pagar podría darle un margen de maniobra adicional", señala Grais-Targow.Sin embargo, Dehn no tiene claro que el presidente fuera a sobrevivir políticamente a un "default"."Sería un revés muy significativo a la credibilidad del gobierno". La experta cree que podría dejar al estado sin apenas vías de financiación.