Después de un 2023 con un crecimiento de apenas 0,6 %, tocando las puertas de la recesión, para este año se espera que la economía avance entre 1,5% y 1,8%. Sin embargo, no es suficiente para generar más y mejores empleos y alejar a más gente de la pobreza.
Aunque el gasto público ha dinamizado el crecimiento, no es suficiente y la participación del sector privado es clave para acelerar el crecimiento. En ese sentido, la semana anterior, el Gobierno y el sector privado se acercaron para definir líneas que permitan avanzar en la reactivación económica.
Los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; Comercio, Luis Carlos Reyes, y Transporte, María Constanza García, así como la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el director Nacional de Planeación, Alexander López, se reunieron con representantes de gremios como la Andi, la SAC, Asobancaria, Camacol y Andeg, entre otros para crear una hoja de ruta que permita reactivar la economía, con mesas de trabajo en siete sectores y seguimiento a la ejecución del Gobierno, esto al margen de decisiones que tiene la administración Petro en materia de inversiones forzosas para el sector financiero, una nueva reforma tributaria y el futuro de la regla fiscal.
Anif, centro de pensamiento que preside José Ignacio López, realizó un análisis sobre la reactivación y la importancia de que sea concertada y no forzada. Advierte el estudio que el ritmo de crecimiento de la economía es insuficiente para una lucha efectiva contra la pobreza, exacerba los problemas fiscales y está lejos del crecimiento potencial del país.
Dijo que es “bienvenida” la agenda de reactivación anunciada por el Gobierno y calificó como “positivo” el tono constructivo del ministro de Hacienda frente a la posibilidad de convocar a mesas de concertación para buscar soluciones concretas con el sector privado que permitan destrabar proyectos y adelantar nuevas inversiones.
“Entendemos la necesidad de pensar en algunos beneficios tributarios para actividades y regiones específicas, como es el caso del turismo en San Andrés, y la generación de energía con fuentes renovables. También nos parece muy pertinente revisar la posibilidad de generar hacia adelante una senda de reducción de la tasa de impuesto de renta corporativa que estimule la formalidad empresarial. Es bien sabido que la tasa de renta empresarial en el país es alta y sería preferible una menor tasa con un sistema más simple y plano. El obstáculo para avanzar en esta dirección es el limitado espacio fiscal en la actual coyuntura, aseguró.
“Frente al paquete de reactivación, nos preocupa sin embargo que avance la propuesta de aumentar las inversiones forzosas al sistema financiero. Son muchas las razones y las experiencias, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, que muestran con amplia evidencia que las inversiones forzosas terminan haciendo más mal que bien”, advierte este centro de pensamiento.
Las inversiones forzosas, describe Anif, obligan a las entidades financieras a invertir un porcentaje de sus depósitos en determinados títulos con bajos rendimientos, usualmente emitidos por una entidad pública, o a otorgar créditos a bajo costo a sectores específicos considerados por el Gobierno como prioritarios.
Tras hacer un recorrido por la historia de las inversiones forzosas en el país, Anif señala que la evidencia es clara en mostrar que no solo no lograron su cometido en términos de profundización crediticia, sino que contribuyeron al encarecimiento de los préstamos y a una ampliación del margen de intermediación.
Dicha experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. “En una analogía quizás imperfecta pero simple, una inversión forzosa al sistema financiero es equivalente a que algún extraño obligue a un asalariado a gastarse parte de sus ingresos en un activo con baja rentabilidad, bajo el pretexto de que dicha inversión será conveniente para toda la economía”, explica.
Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos, dice Anif y argumenta que por estas razones, desde la década de los 90 se eliminaron gradualmente las inversiones forzosas, con la excepción del sector agropecuario donde todavía aplican a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro.
“Un retroceso en esta materia sería indeseado. Con las inversiones forzosas pierden los empresarios, que tendrían menos recursos disponibles para demandar crédito y por tanto tendrían que pagar mayores tasas de interés. Pierden también los ahorradores porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos para compensar por la baja rentabilidad asociada a las inversiones forzosas. Igualmente, pierden los bancos, dado que su rentabilidad podría disminuir en un contexto donde la rentabilidad de los activos financieros ya se encuentra en mínimos de dos décadas y similar al periodo de pandemia. Adicionalmente, hay pérdidas de eficiencia porque la expansión de crédito, que en dicho caso recae en el sector público, puede llevar a pérdidas importantes si la asignación no es adecuada. Vale la pena recordar que precisamente el colapso de la banca pública del país por una mala asignación crediticia fue lo que llevó al desmonte de la fuerte intervención en la actividad financiera”, afirma Anif.
Aunque reconoce que las inversiones forzosas podrían ayudar a algunos sectores menos atendidos, también destaca que el sistema financiero ha hecho un esfuerzo significativo en los últimos años para ampliar su cobertura crediticia. “En la actual coyuntura vemos cómo, por ejemplo, el segmento de microcrédito es el de mayor dinamismo y desde comienzos de siglo se observa un aumento sostenido en el crédito agropecuario en proporción a su nivel de actividad”.
¿Cuáles son las opciones para la reactivación? A juicio de Anif, el Gobierno podría concertar con el sistema financiero una metas concretas y urgentes de colocación a sectores específicos como el turismo y el agro, dentro del contexto del recientemente anunciado Pacto por el Crédito. Esto permitiría extender la base crediticia sin afectar la adecuada gestión de riesgo y la rentabilidad del sistema financiero. También los TDA emitidos por Finagro podrían tener un carácter más amplio y cobijar actividades agroindustriales.
Además, señala que el Gobierno tiene en el Grupo Bicentenario, que cuenta con $14 billones en patrimonio, en los créditos de redescuento y en los instrumentos de garantías “potentes herramientas para direccionar crédito e incentivar desembolsos a regiones o actividades relativamente desatendidas”.
Califica a las garantías como “un instrumento bastante útil en una coyuntura como la actual, pues no requieren recursos públicos de inmediato y en muchos casos logran impulsar proyectos rentables, que no ocurren por alguna fricción financiera, que al final no requieren que se ejecute la garantía y por ende no generan presión fiscal”.
El año pasado el Fondo Nacional de Garantías movilizó $15,5 billones, apoyando 457.000 créditos en garantías en 1.094 municipios. De estos créditos la mayoría se dieron en el sector de comercio (40%) y existe un espacio importante para buscar una mayor diversificación sectorial. “Dada la amplia evidencia en contra de las inversiones forzosas, esperamos que el Gobierno opte por mejores alternativas para avanzar en su política de reactivación”, concluye el estudio.