Un efecto dominó sobre varios proyectos férreos territoriales, así como la primera y la segunda línea del Metro de Bogotá se produciría, a juicio de la Procuraduría General de la Nación, entidad que vigila el accionar de los funcionarios públicos.
Por esa razón, el organismo del Ministerio Público abrió investigación contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros -SCI-.
De acuerdo c para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos.
Según pudo establecer el órgano de control, también habría mérito para la apertura de investigación a los gerentes de Proyectos de la ANI: Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.
Impacto en proyectos férreos
Para la Procuraduría, lo que se busca establecer es si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
Invasión de competencia
La Procuraduría señala que, de lo revisado hasta el momento, alrededor del caso en mención, “se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar”.
Pero no es todo. Según el organismo del Ministerio Público, “es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, precisaron los voceros de la entidad.
¿Infringieron la Ley de contratación?
La Procuraduría también investiga si los funcionarios pudieron incurrir en una infracción a la Ley de Contratación, pues entregaron de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI cuando lo procedente era convocar un concurso de méritos, dadas las obligaciones y fines de las actividades que se debían realizar.
¿Qué pasó con la planeación que debe hacerse?
Además, se habría presentado una falta de planeación, pues aparentemente no se realizó un análisis a profundidad que justificara el valor fijado, así como tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista.
Derecho de los investigados
Según estableció la Procuraduría, tanto el vicepresidente (e) de la Ani como los demás funcionarios mencionados como investigados pueden solicitar ser escuchados en versión libre si así lo solicitan, en ejercicio de su derecho de defensa, según las normas colombianas.