La realización de un estudio, por parte de la división de minas y energía de la Contraloría General, sobre la cadena de distribución de combustibles líquidos, llevó al organismo a lanzar una alerta, pues, en una eventual exigencia de las autoridades ambientales, en el sentido de que se provean combustibles más limpios, principalmente bajos en contenido de azufre, el país se vería a gatas para abastecer la demanda.
Según el contralor delegado en estos temas, Orlando Velandia, las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena no podrían atender las exigencias de las autoridades, con lo cual el país se vería abocado a importar combustibles.
El costo fiscal sería inminente y el incremento en los precios al consumidor final, inevitable.
El funcionario enfatizó en la necesidad de que, a través de Ecopetrol, se realice un plan de alistamiento, a fin de que la situación no nos tome por sorpresa, con el consiguiente impacto negativo en todos los frentes. Si bien es cierto, desde que se empezaron a plantear exigencias, inicialmente en Bogotá, para que Ecopetrol proporcionara un diesel más amable ambientalmente, con un tope de 50 partes por millón, la tarea se ha venido haciendo. Poco a poco se extendió a otras ciudades capitales, pero, según estima la Contraloría, si las normas exigibles se generalizan, no habría cómo proveer la demanda.
¿Qué es el margen de continuidad?
Otro de los llamados que hace la Contraloría, a partir de lo hallado en el análisis del tema, es que el Gobierno debe darse a la tarea de revisar si es o no pertinente mantener en la estructura tarifaria de los combustibles, el llamado margen de continuidad. Este es un instrumento de financiación que se creó en el 2010. El objetivo era recaudar recursos para mejorar la infraestructura de oleoductos y poliductos de Ecopetrol y Cenit. De acuerdo con lo señalado por el contralor delegado en el tema, las inversiones eran para el plan de continuidad, con el cual se buscaba garantizar el abastecimiento del país y específicamente la expansión del sistema Pozos Colorados – Galán a 60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje del poliducto Mansilla – Tocancipá".
El proyecto del poliducto fue cancelado por Cenit y otras obras que hacían parte del plan ya se terminaron.
En consecuencia, según lo explicado por Velandia, “se trata de un margen que se incorporó hace más de 10 años y que ha dejado de tener validez. Por lo tanto, si se desmonta, generaría un alivio en el precio final de este importante producto para la ciudadanía”.
Cálculos preliminares permiten establecer que el desmonte de dicho margen tumbaría al menos unos 70 pesos al precio al consumidor.
Los subsidios en las fronteras, en la mira
En tercer lugar, la Contraloría menciona que será necesario revisar también si se requiere continuar con los subsidios en las zonas de frontera, teniendo en cuenta que la aplicación de estas ayudas ha llevado al crecimiento ostensible del número de estaciones en esos lugares del país. La abundancia de oferta está generando una distorsión enorme en la comercialización de combustibles en municipios cercanos a las áreas de frontera, e, inclusive en el mercado en el interior del país.
Para la Contraloría, la política de combustibles en Zonas de Frontera “creó una distorsión en el mercado minorista. De especial atención es Nariño, un mercado entre mediano y pequeño donde proliferaron las estaciones de servicio si se compara con sus vecinos Valle y Cauca”.
Al hacer un análisis de aumento o disminución en la cantidad de estaciones de servicio, el organismo de control estableció que, entre 2009 y 2019, “los departamentos donde más aumentaron pertenecen principalmente a zonas de frontera y la región Caribe. Se destacan Guainía (aumento del 83 %); Chocó (54 %), Nariño (51 %), Norte de Santander (40 %) y de la Costa departamentos como Magdalena (53 %), Bolívar (50 %) y Sucre (49 %)”. ¿Valdrá la pena revisar los subsidios y su pertinencia?.
La intermediación encarece el precio
La Contraloría también le puso el ojo a la intermediación de los combustibles líquidos en el país. Determinó que, del precio final de gasolina corriente, 54 por ciento es para el refinador; 25 por ciento son impuestos y el 21 por ciento restante es para los intermediarios (mayoristas, minoristas y transporte). Mientras tanto, en el precio final del ACPM, 64 por ciento es para el refinador; 15 por ciento son impuestos y el 21 por ciento restante es para los intermediarios (Mayoristas, minoristas y transporte). Este ha sido un debate candente y recurrente en el país, que, finalmente, nunca se ha podido resolver, en particular, en el componente de impuestos.
En Colombia, se compran aproximadamente 5,3 millones de galones diarios de Gasolina Corriente y 4,7 millones de galones diarios de ACPM, en un mercado de 30,5 billones de pesos anuales.