El panorama de inversiones en el sector de hidrocarburos no es para nada halagador, en medio de los riesgos de llegar a ser deficitarios en el abastecimiento de combustibles, principalmente de gas.
El gremio de empresas de la industria extractiva, ACP (Asociación Colombiana de Petróleo), aseguró que aunque la apuesta por las inversiones en este año es de 4.600 millones de dólares, al ritmo que van no se alcanzarán a hacer en este año.
Además, contrario a lo que sucede en el entorno internacional, en el país, dichas inversiones continúan decayendo, según el informe presentado por Frank Pearl, presidente de la ACP.
En parte, la incertidumbre es una de las causas de esta contracción que constituye una amenaza para la sostenibilidad fiscal de Colombia.
No hay incentivos
De acuerdo con el informe de la ACP, “sin incentivos a la exploración, en 2030 finalizaría la actividad exploratoria en el país”, algo que debe ser motivo de alerta, para que tenga toda la atención que merece. Se trata nada más y nada menos que del abastecimiento de combustibles y de la soberanía para obtenerlo.
El documento económico, titulado ‘Tendencias y Perspectivas del Sector Petróleo y Gas en Colombia’, además de presentar un diagnóstico, también hace una serie de recomendaciones que apuntan a la necesidad de fortalecer la seguridad energética, como una de las formas de devolver confianza para que la inversión en exploración y producción de petróleo y gas vuelva a tener impulso.
Sin luz en el túnel
Firmas nuevos contratos sería imperativo, mientras que mantener las exploraciones estáticas, como ha sido hasta ahora el mensaje desde el gobierno, llevaría al país a una declinación de la producción de petróleo en muy corto tiempo (2027).
Por su parte, según subrayó Pearl, no se alcanzaría la producción de petróleo que permita los ingresos fiscales para cumplir lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 que presentó el Ministerio de Hacienda. “Por este déficit de producción, el país dejaría de recibir cerca de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035″, contando con el impuesto de renta que aportan las empresas de la industria extractiva, las regalías, entre otros aportes.
La seguridad ante todo
En varios escenarios y desde diferentes frentes, se ha hablado de que la seguridad no es solo jurídica y energética. Principalmente, los empresarios quieren seguridad en el territorio nacional, tema que puso de presente el informe de la ACP, según el cual, entre 2022 y 2023 hubo un 54 % más de atentados a la infraestructura estratégica del sector, lo que constituye una ruptura de la tendencia a la baja que traía ese aspecto, desde 2018.
¿Y las reservas?
De acuerdo con lo expuesto por ACP, “los niveles de reservas no son suficientes para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad energética y fiscal del país”.
Por ello, Pearl estima que “la única manera de incrementar la producción de hidrocarburos de manera sostenible es a través de exploración, la cual se refleja en incorporación de nuevas reservas: sin exploración no hay reservas y sin reservas no hay producción”.
Lo que habría que hacer, de acuerdo con las sugerencias del gremio ACP es apuntar a que la demanda de petróleo y gas sea atendida con producción local, a partir del aprovechamiento del potencial hidrocarburífero del país.
Al decir de Pearl, se requieren nuevos mecanismos para incentivar la exploración e incrementar la producción, lo que tendría que hacerse de manera adicional a lo establecido en el Acuerdo 6 del 2023.
Pero, además, habrá que “avanzar en la reposición de áreas, definir medidas que dinamicen la producción”, sin contar con que se necesita garantizar la seguridad en las operaciones, mejorar la viabilidad del entorno y optimizar los trámites (ambientales, consulta previa y arqueológicos).
El presidente de la ACP enfatizó en que se deben mantener señales de estabilidad fiscal y regulatoria para una industria clave en la transición energética. Por ahora, esas condiciones no están.