Mucho se habla de la crisis energética en el país, pero poco se dejan ver las verdades que hay tras bambalinas.
Esta semana, cinco gremios del sector eléctrico prendieron las alarmas por un saldo de 7 billones de pesos que les adeuda el Estado, derivado de tres factores: 1 billón de pesos que no les han pagado entidades públicas por el servicio de luz; 4 billones que el Gobierno prometió a las distribuidoras de energía para cubrir la llamada opción tarifaria (que corresponde al dinero que dejaron de pagar los hogares durante la pandemia) y 2 billones por subsidios al servicio de energía para hogares de estratos 1, 2 y 3, cuyo giro aún está pendiente. “El problema de liquidez de las distribuidoras y comercializadoras es grave”, dijo José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
Los usuarios, en lugar de ver rebajas en las tarifas, como lo prometió el Gobierno, ahora están en riesgo de tener que pagar lo que sea por la energía eléctrica, la cual escaseará pronto si no se llenan rápidamente los embalses y se endereza el camino de la política pública para el sector.
Aunque el problema del ‘apagón financiero’ está principalmente en las empresas que prestan servicio en la región Caribe, donde se concentra casi la mitad de la deuda por opción tarifaria y alrededor del 45 por ciento del déficit en la financiación de subsidios de energía eléctrica, el impacto puede reflejarse en el país. No en vano, el territorio caribeño representa entre 20 y 25 por ciento del mercado eléctrico nacional.
Por el momento, solo una de las empresas distribuidoras de energía: Air-e, ha sido intervenida por el Estado a través de la Superservicios, pero podrían venir otras que alcen la mano para entregar banderas, al no poder continuar. “Hoy, la actividad de las comercializadoras no es viable”, señala Manzur.
El interrogante es si el Estado está preparado para asumir más intervenciones empresariales que implican múltiples compromisos económicos. Por ahora, plata pública no hay, pues así se constata en el hecho de que no existen en el Presupuesto General de este año, ni del próximo, las apropiaciones para girar los recursos de los subsidios de energía: 1,3 billones de pesos sin apropiar para este año y 0,7 billones para 2025.
Las realidades son tozudas. Las reglas se han ido cotejando para sortear situaciones y no para llegar a soluciones estructurales. El fin último es evitar un apagón, lo que sería nefasto en materia política para el Gobierno. Estas son las verdades que poco salen a la luz pública.
Ajuste a la reglamentación
Existe una norma conocida como limitación de suministro, que aplica para las distribuidoras de energía y consiste en que si entran en morosidad, les empiezan a cortar el suministro eléctrico, lo que, por consiguiente, les impide prestar el servicio eficientemente al usuario. Es decir, se configura un efecto dominó: la empresa no puede pagar la energía al generador porque a ella le adeudan; le restringen la entrega de energía, y los hogares, aunque estén al día con sus pagos, llevan del bulto con cortes de luz.
Hace un par de meses se expidió una resolución para que no se les aplique la limitación de suministro a ciertas regiones especiales. La medida iba a ser por un mes y luego se prorrogó. La semana pasada salió una adición a la normativa, en la cual a las empresas intervenidas no se les aplicará la limitación de suministro, lo que implica que Air-e (hoy intervenida), aunque no pague al generador, no le podrán cortar el suministro. Algunos abogados ya están revisando si dicha norma es legal.
1. Realidad de opción tarifaria
El 7 de octubre se cumplieron cinco meses desde que el Gobierno anunció que asumiría la deuda de la opción tarifaria, que fue el mecanismo aplicado en la pandemia para aliviar el bolsillo de los hogares, con el aplazamiento del pago de su factura de energía. Una vez llegó la hora del cobro, los recibos de energía empezaron a ser más costosos y los usuarios no tardaron en protestar. Las distribuidoras se declararon agobiadas por falta de liquidez, al borde de un colapso financiero. El Gobierno salió al rescate y dijo que asumiría la deuda, pero solo de los estratos vulnerables.
Pese a los mensajes de acuerdos con las empresas para que quiten del recibo el cobro de la deuda por opción tarifaria, lo que debe rebajar en 20 por ciento la cifra a pagar, el alivio no llega. Las empresas distribuidoras tienen un saldo por cobrar que asciende a 4 billones de pesos.
El Ministerio de Hacienda está con las manos atadas, pues si destina recursos sin que se tramite una ley para hacerlo, incurriría en detrimento patrimonial. Los dineros se iban a obtener con la Ley de Financiamiento que fue radicada en el Congreso, pero dicho proyecto no parece tener viabilidad, principalmente después de lo sucedido con el Presupuesto de 2025, que tendrá que ser expedido por decreto, porque el Legislativo no aceptó las fuentes de ingreso previstas en la carta financiera.
El hecho es que, aunque desde el Estado se consiga la plata para pagar la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, no implicará que les saldrá gratis a los usuarios, sino que les diferirán la deuda a un plazo más largo, diez años. Así, en vez de pagar 260 pesos por kilovatio hora durante un año, pagarán 12 pesos en una década.
2. ¿Y la plata de Findeter?
Una de las alternativas para cubrir la deuda de la opción tarifaria que sonó con bombos y platillos fue la de la destinación de 1 billón de pesos que se entregarían a las distribuidoras por medio de Findeter. Se trata en realidad de un crédito para ayudar a que las empresas tengan liquidez porque no están recuperando los recursos para seguir operando. En su momento, el Ministerio de Minas dijo que, con esa estrategia (la de Findeter), era casi inmediato que se iban a bajar las tarifas al usuario. Sin embargo, empresas como Afinia, de EPM, advirtieron que, si tomaban ese camino (bajar tarifas sin haber tramitado la ley para que el Estado pueda destinar recursos a ese compromiso), sería un detrimento patrimonial.
3. El escenario sin subsidios
El Ministerio de Hacienda dijo esta semana que los recursos de los subsidios no se han girado porque hay restricción de caja, lo que claramente genera incertidumbre en las empresas. Aunque el suministro de energía es para proporcionar un servicio, se trata de un negocio altamente regulado, pues, además de los compromisos habituales de operación, como comprar energía; la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) establece obligaciones de invertir para mejorar calidad y cobertura, y disminuir las pérdidas, que son las que también hacen que las facturas sean más caras. Las compañías dicen que la plata que les ingresa no les alcanza, lo que se agrava si el Estado no les paga lo que corresponde.
En el caso de los subsidios, el riesgo es que a un hogar del estrato 1, que tiene una ayuda estatal del 60 por ciento en el costo de la factura, se le incrementaría el recibo de la energía en 150 por ciento.
4. Estado moroso
Mientras a un ciudadano moroso le llega la tijera en el acto, al Estado, que al 30 de septiembre debe 1 billón de pesos, no le pueden cortar la luz. Todo porque, constitucionalmente, está protegido, pues incluyen hospitales, cárceles, estaciones de policía y similares. En el caso de las alcaldías y gobernaciones, están obligadas a apropiar recursos si no incurren en falta disciplinaria que debería acarrear sanciones ejemplarizantes por parte de la Procuraduría.
A todo este panorama de falta de plata y de políticas públicas certeras se suma ahora el de la falta de lluvia, pues, si al primero de diciembre el país no logra tener los embalses en niveles del 70 por ciento, habrá graves problemas con la seguridad energética. Y con un déficit de gas que, según Naturgás, empezará a partir del primero de diciembre. Un panorama oscuro.