Por si fuera poca la tensión que vive el sector de la energía eléctrica del país, acaba de sumarse un nuevo hecho. Esta semana, EPM declaró desierto el proceso de contratación para la construcción de las obras civiles finales de Hidroituango, es decir, de las unidades 5 a la 8.
Este proyecto hidroeléctrico es clave en la estabilidad del sistema, pues responderá por cerca del 17 por ciento de la generación de energía. A finales del año pasado, y sobre el límite de las exigencias regulatorias, logró poner en operación sus dos primeras unidades y el cronograma avanza para las otras dos.
Sin embargo, con esta decisión, los plazos para la entrada en operación de la segunda etapa de Hidroituango podrían afectarse y poner en jaque el sistema en el mediano plazo, hacia el año 2025, volviendo a encender las alarmas, hoy ya de por sí bastante agitadas.
Esta es la más reciente dificultad del sector, sacudido por las controversias de política energética, pero también por los retrasos en los proyectos de energías renovables no convencionales.
A principios de este año, el presidente Gustavo Petro insistió en su decisión de reasumir la regulación de los servicios públicos ante el incremento en las tarifas, en especial de energía. Esto lo concretó con la expedición del Decreto 227 de 2023, el cual establece que esa facultad será ejercida durante tres meses. Sin embargo, la decisión fue demandada ante el Consejo de Estado y en este momento se analiza un recurso del Gobierno en esta instancia.
Pero no es el único debate. También se conoció que el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, está preparando una reforma a las leyes del sector que podría modificar la participación de los privados.
Además, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron temas sensibles como el aumento de las transferencias de 1 a 6 por ciento de las ventas en bloque, es decir, con contratos de largo plazo, a los proyectos de energías renovables no convencionales. Y también incorpora una modificación a la estructura de los operadores en el país, pues deja abierta la posibilidad de que generadores y transmisores puedan integrarse.
La ley establece que hoy deben ser negocios operados por jugadores diferentes. La lectura es que con esto se facilita el ingreso de ISA al negocio de generación de energía, creando un megajugador del sector eléctrico. Esto, sin contar con la sobretasa que le dejó la reforma tributaria al sector.
Sin embargo, más allá de los debates por los anuncios del Gobierno, las mayores preocupaciones están en la entrada en operación de los proyectos, en especial de los de energías renovables no convencionales y la subasta que anunció el Gobierno para garantizar energía en el periodo comprendido entre 2027 y 2028.
Los proyectos de energías renovables no convencionales registran retrasos significativos de entre dos y tres años, y algunos han tenido dificultades con sus licencias ambientales. Del 15 por ciento anunciado que representarían estos proyectos por estas fechas –dice un jugador del sector– en la matriz energética del país y que debieron entrar a finales del año pasado, apenas 1 por ciento está operando.
Son unos 3.000 megavatios pendientes, en especial en La Guajira. Incluso en el sector se menciona que, ante la incertidumbre, algunas empresas están considerando la posibilidad de dejar que les ejecuten garantías y no desarrollar el proyecto.
Frente a la subasta de agosto, el mercado está a la expectativa de los alcances de las decisiones del Gobierno, pues, como se pregunta un empresario, “¿quién va a entrar a una subasta sin saber si lo van a intervenir o va a quedar en medio de una profunda modificación de la ley de servicios públicos?”.
La tensión en el sector aumenta y amenaza con revivir uno de los fantasmas que más temor han generado: el del apagón de hace ya 30 años.