Un fuerte pronunciamiento luego de la caída de la ley de financiamiento en el Congreso de la República hizo la Contraloría General.
El llamado del ente de control es para que “al cierre de la vigencia 2024 el Gobierno nacional ejecute el presupuesto basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias”.
Para hacer ver que están ejecutando
Según pudo establecer la Contraloría, hasta la fecha se han registrado órdenes de pago por 24 billones de pesos dirigidas a fiducias, patrimonios autónomos y otras figuras relacionadas con contratos fiduciarios. Es decir, para dejar la plata quieta, mientras aparece como ejecutada sin que sea así en la práctica.
A juicio del organismo de vigilancia de las finanzas públicas, eso es un reflejo de la relevancia de este mecanismo (el de las fiducias) para mostrar ejecución presupuestal, lo que exige garantizar su uso transparente y eficiente para el cumplimiento de los objetivos públicos.
Baja ejecución hasta noviembre
En concepto de la Contraloría General, la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2024, con corte a noviembre, muestra una baja ejecución a pesar de presentar apropiaciones bloqueadas por 36 billones de pesos. Esa decisión fue tomada por el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la contracción que tuvo el recaudo tributario, que es la principal fuente de ingreso del Estado colombiano. “A noviembre de 2024, según las cuentas que expuso la Contraloría, han recaudado 369,7 billones de pesos, de los cuales por impuestos se han recibido 227,41 billones, cuando la meta para este año es de 315,86 billones. Frente al mismo mes de 2023, los ingresos tributarios presentaron una caída nominal del 9,3 %”.
El hecho de que hasta ahora se registre una ejecución del 71,1 %, sería la más baja de los últimos cinco años y similar a la de 2020 durante la pandemia, señaló el organismo.
Eso sí, resaltó que “se han cumplido compromisos importantes como el servicio de la deuda ($ 79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($ 233,67 billones)”, pero en inversión, que a la larga es lo que redunda en beneficio para la comunidad, apenas se han ejecutado 44,83 billones de pesos de los 100,06 billones asignados en la vigencia. “Eso refleja un rezago significativo en este rubro clave”, advirtió la Contraloría.
A ejecutar con eficiencia
El uso de los recursos en las fiducias ha venido siendo motivo de críticas, pues mientras el Gobierno dice que necesita más plata –de hecho tramitó la ley de financiamiento que finalmente se hundió en el Legislativo– existen dineros públicos parqueados. Por eso, causa preocupación a la Contraloría.
En el camino para que aumenten los ingresos tributarios, al menos en lo que resta de la actual vigencia, “no se prevé un cambio significativo en la tendencia del recaudo tributario. Esto sugiere que, ante las presiones de liquidez, el Gobierno podría verse obligado a recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos”.
El problema con el crédito es que, al no tener Colombia el calificativo de grado de inversión, los intereses se aumentan y la deuda hay que pagarla. Es más, en la que fue tomada para la época de la pandemia, se pactaron tiempos demasiado cortos, lo que está demandando una buena parte del presupuesto general.