Tanto en la Plenaria del Senado como en la de la Cámara, los congresistas negaron las proposiciones hechas por los partidos de oposición con las que se buscaba archivar el proyecto del Presupuesto que ya había sido aprobado por las comisiones económicas conjuntas. Una de las principales modificaciones que se le hizo al presupuesto entre el primero y el segundo debate en el Congreso, fue la reducción en el servicio de la deuda desde $72,5 billones a $70,5 billones. Por su parte, el rubro de inversión aumentó desde $56,7 billones hasta $58,5 billones (el más alto de la historia). Uno de los acuerdos a los que llegaron los legisladores y el Gobierno nacional fue el compromiso de no congelar ninguno de los recursos contenidos en el presupuesto y dejar espacio al financiamiento en caso tal de que se requiera más dinero. Lea también: Habilitarán línea de crédito de $400.000 millones para mipymes en Colombia Educación repitió como el sector con mayor asignación presupuestal pues tiene $47,3 billones, cuando un año atrás era de $43,8 billones. El sector de Defensa y Policía es el segundo que más recursos tiene asignados con $39,1 billones, seguido por Salud con $36 billones y Trabajo con $27,2 billones. Uno de los aspectos que más causó polémica durante el debate fue el presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues hay congresistas que aseguran que los $330.748 millones asignados no son suficientes para el buen funcionamiento del organismo y que le faltan cerca de $80.000 millones más. Otro de los artículos que generó polémica fue el 106, por medio del cual se pretendía permitir a la Nación adquirir activos de Saludcoop EPS que se encuentren en liquidación. Le puede interesar: Gobierno ya no vendería parte de Ecopetrol, sino las plazas de mercado La compra de estos activos se daría hasta por el valor del avalúo comercial, incluyendo inmuebles, bienes muebles y equipos médicos en estado funcional, con el objeto de fortalecer la red pública de servicios de salud. El artículo fue aprobado. Este miércoles se debe llevar a cabo la conciliación entre lo aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado para posteriormente pasar a sanción presidencial y convertirse en ley.