De acuerdo con Clara Inés Ramírez, subdirectora de Fiscalización Internacional de la Dian, los informes sobre precios de transferencias buscan establecer qué operaciones están haciendo contribuyentes colombianos con sus vinculados en el exterior para impedir que se “erosione” la base gravable en Colombia.
Este tipo de operaciones son habituales entre empresas que pertenecen a una misma estructura accionaria o societaria. Pero las relaciones con vinculados en el exterior pueden ser utilizadas irregularmente para reducir el monto del impuesto a pagar en cualquier jurisdicción.
Según Ramírez, el proceso de fiscalización de estas declaraciones se hace cada vez más sobre temas de fondo, porque los equipos están cada vez más capacitados en estos temas que son de “alta costura” contable y de auditoría.
En julio pasado se cumplió con la declaración informativa sobre la vigencia de 2019; aún quedan pendientes los informes maestros que se deben presentar en diciembre próximo.
A partir de la información suministrada por 4.396 contribuyentes de precios de transferencia sobre el año gravable de 2019, la Dian encontró que 4.030 de estas firmas están ubicadas principalmente en las seccionales de Bogotá, Grandes contribuyentes, Medellín, Cali y Barranquilla. Solo en Bogotá y Grandes contribuyentes hay 3.000 de estas compañías.
El dato más importante es que se reportaron más de 43.867 transacciones entre vinculados con un valor cercano a $208 billones.
“En cifras y evoluciones podemos ver que hemos crecido 117% en número de contribuyentes en precios de transferencia en los últimos 10 años. Empezamos con algo más de 2.000”, explicó Ramírez.
Las más representativas de estas operaciones son ‘compras’ de inventarios por un monto total de $50 billones. Las operaciones de ‘venta’ de inventarios correspondieron a $37 billones.
Hay registro igualmente de otras transacciones como operaciones financieras, compras de materias para procesar y operaciones de derivados.
“Hay una importante cifra en operaciones de financiamiento: se reportaron alrededor de $4 billones de egresos por gastos por intereses con los vinculados económicos”, explicó Ramírez
Según Diego Ramírez, socio de BaseFirma, especializada en precios de transferencia, la preocupación de las autoridades por este tipo de operaciones es que muchas compañías pueden hacer planeación tributaria agresiva, lo que lleva a que no se paguen impuestos donde realmente se debería. Esta compañía acaba de recibir por tercer año consecutivo el reconocimiento como Mejor Firma Latinoamericana de Precios de Transferencia. La distinción fue otorgada en los ITR Americas Tax Awards organizado por la revista británica International Tax Review (ITR). Este reconocimiento muestra que en el país se viene avanzando en este frente.
Dentro de las operaciones que son habituales entre vinculados están la compra y venta de productos para distribución y las operaciones de financiamiento, explicó Carolina Zuluaga, también socia de esta firma.
De acuerdo con los datos suministrados por la Dian, dentro de las jurisdicciones con que más se realizan estas operaciones de precios de transferencia están Estados Unidos, España, Suiza, Brasil, Singapur, Panamá, México, Alemania y Corea.
El régimen de precios de transferencia se ha visto fortalecido por los acuerdos para intercambio de información económica que Colombia ha venido estableciendo con otras jurisdicciones. En total, esos acuerdos hoy incluyen a 141 países.
“Vamos en línea con estándares internacionales y con la Ocde porque estamos evitando que las multinacionales erosionen las bases gravables”, comentó Ramírez.
Estas reglas buscan que en las transacciones entre vinculados se remunere a cada parte de manera justa y que cada país reciba lo justo.
Para Ramírez de la Dian este tema es clave, porque se está hablando de un grupo muy importante de contribuyentes con transacciones bastante relevantes.