A pocos días de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, nadie se atreve a explicar los criterios utilizados para conformar la plancha de candidatos que aspiran a la junta directiva de la petrolera, la cual será sometida a votación por el máximo órgano decisorio de la compañía, que tendrá su reunión ordinaria el 22 de marzo. Allí seguramente la plancha será aprobada, cambiando así los directivos de la empresa más grande del país y una de las gallinas de los huevos de oro del Estado.
Por esa razón, así como no tendría reversa la votación positiva por la plancha, con los nombres propuestos por el Gobierno nacional, tampoco escaparía el pronunciamiento de la actual junta de Ecopetrol, que ya vetó tres veces la nómina de candidatos y, ahora, estaría dispuesta a dejar constancia de su desacuerdo con varios de los nombres de la baraja.
Siete de los nueve directivos actuales, varios de ellos nombrados o ratificados cuando José Antonio Ocampo tuvo a su cargo la cartera de Hacienda, han objetado la plancha por considerar su inconveniencia para la compañía de la que sale gran parte de la financiación de la nación.
El Estado tiene el control de la petrolera, con 88,5 por ciento de las acciones. El restante 11,5 por ciento pertenece a minoritarios, entre los cuales el de la mayor tajada es el banco estadounidense J. P. Morgan, con el 2,95 por ciento. Los demás, como los fondos de pensiones, tienen participaciones mínimas que en ningún caso llegan al 1 por ciento. En 2007, unos 270.000 colombianos se convirtieron en socios de la petrolera, lo que, en conjunto, refleja la necesidad de una junta directiva idónea. Su independencia garantiza unas buenas prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, las órdenes desde la Casa de Nariño son las decisivas.
No hay que olvidar que un debilitamiento de la gobernabilidad de Ecopetrol, que ya fue catalogada por el exmiembro de la junta Gustavo Cano como algo que está roto, podría golpear la cotización de la petrolera en las bolsas de Nueva York y de Colombia; sin contar con la contravía que tomaría la nación frente a la Ocde, club de países con buenas prácticas al que pertenece Colombia.
¿Y la asamblea?
La asamblea de Ecopetrol es soberana, según el reglamento, pero al tener la nación la mayoría de la propiedad, el gobierno de turno es el realmente soberano. Incluso, puede cambiar las exigencias establecidas para ser miembro de la junta. De hecho, así sucedió cuando se redujeron de 15 a 12 años los requisitos de experiencia para aspirar al cargo, decisión que, a juicio de varios expertos, tuvo nombre propio: era necesario para el ingreso al equipo del exsindicalista de la USO y hoy viceministro de Trabajo, Edwin Palma.
La Ocde no mirará con buenos ojos una junta no apta, pues ya había recomendado al país que apartara de los consejos de administración de empresas públicas a sus representantes directos como ministros o directores de departamentos (por ejemplo de Planeación Nacional), pero ahora en la plancha hay dos viceministros que tendrían a los jefes de esas carteras hablándoles al oído.
El riesgo por el lado de la cotización de Ecopetrol en las bolsas de Nueva York y la de Colombia está en las estrictas reglas de gobierno corporativo que exigen ambas plazas bursátiles. Una falla en ese sentido, eventualmente, llevaría a la salida de sus acciones del parqué neoyorquino, dejando así un serio moretón en la reputación de la compañía estatal.
La baraja de candidatos
Los movimientos para armar la lista de integrantes de la junta de la compañía, que será sometida a votación en la asamblea, han sido diversos. En todas las planchas de candidatos presentadas hasta ahora, ha estado por fuera el actual presidente de ese grupo: Saúl Kattan, economista de la Universidad de los Andes, reconocido como alguien cercano a Gustavo Petro, pero un tanto incómodo para el presidente de la petrolera, Ricardo Roa (los dos sonaron para ocupar la presidencia de Ecopetrol en el inicio del mandato de Petro). Llegó como miembro independiente en octubre de 2022 y con la experiencia en niveles directivos que exigen las reglas, por lo que no se descarta que pueda ocupar otro cargo en empresas estatales o en el Ejecutivo.
De la plancha propuesta por el Gobierno también salió Esteban Piedrahíta, economista de la Universidad de Harvard, que había formado parte de la junta desde abril de 2019, primero como miembro independiente, y desde noviembre de 2023 como no independiente. Entró en el Gobierno de Iván Duque y luego fue ratificado por el exministro Ocampo.
Para integrar el nuevo equipo de 9 integrantes, el Ministerio de Hacienda postuló a la exsenadora de la Alianza Verde Ángela María Robledo, quien se quedó sin curul en el Congreso de la República; la viceministra de Ambiente, Lilia Tatiana Roa, ingeniera de petróleo y activista en temas ambientales, abiertamente opositora del fracking, que era uno de los proyectos para la explotación de petróleo, de Ecopetrol; Edwin Palma, el viceministro de Trabajo y exdirectivo de la USO, sindicato de la petrolera, y el exsenador liberal Guillermo García Realpe, que respaldó la campaña presidencial del hoy mandatario.
En el grupo se mantienen Juan José Echevarría, que viene ejerciendo su posición en la mesa directiva desde el 31 de marzo de 2023, postulado por los accionistas minoritarios. De igual manera, se sostienen Mónica de Greiff y Gonzalo Hernández, de quienes se cuestiona la independencia, pues ocuparon cargos en gobiernos anteriores y en el actual (ella como cónsul en el pasado y él como viceministro de Hacienda en el mandato de Petro).
Entre tanto, en representación de los departamentos productores de hidrocarburos se puso a Álvaro Torres Macías, nombre de última hora, luego de la declaratoria de inhabilidad de Ignacio Pombo Villar.
El otro candidato incluido, con el cual se completan los 9 de la plancha, ha entrado y salido del tablero. Se trata de Luis Alberto Zuleta, que reemplazó la postulación de Piedrahita, debido a la exigencia de un experto financiero para que pueda ser válida la lista propuesta. Es él quien cumple el requisito.
El poder de la asamblea
Según las reglas de gobierno corporativo de Ecopetrol, la junta directiva es el órgano de administración que es elegido por la asamblea de accionistas, que puede emitir opiniones, pero -en definitiva- las decisiones finales las domina el accionista mayoritario, que es el Gobierno.
Lo cierto es que ya los juristas comienzan a revisar si, en medio de tantas modificaciones, se cumplieron los tiempos reglamentarios para la elaboración y presentación de la plancha, lo que podría dar pie para impugnaciones.
Por lo pronto, la certidumbre de que la junta propuesta por el Gobierno sea elegida es casi absoluta, lo que deja el interrogante alrededor de lo que pasará con las investigaciones que había propuesto el anterior equipo directivo de Ecopetrol, que, inclusive, fue tildado de sumiso por tomar pocas cartas en los asuntos relacionados con los líos de Ricardo Roa como jefe de campaña a la presidencia de Petro.
Voceros que hablaron en defensa de los integrantes de la actual junta sostuvieron que no pueden existir pronunciamientos cuando hay un principio de presunción de inocencia y buena fe. En consecuencia, si no existe un fallo oficial de los organismos de investigación, todo alrededor del presidente de Ecopetrol no son más que simples acusaciones, argumentaron.
Por todas esas situaciones que tienen que ver con la junta directiva y la presidencia de la petrolera, crece la incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol.