Una visita a la sede de Avianca, en Bogotá, buscó establecer cómo fue la toma de decisión del cese de operaciones de Viva Air que ha dejado a más de 18.000 pasajeros afectados. SEMANA conoció que la SIC, al mediodía de este jueves, también llegó a las instalaciones de Viva Air, en Rionegro (Antioquia).
La investigación se da en el marco de la crisis que vive el país por el cese de operaciones de la aerolínea. En este momento son varias las entidades que tienen los ojos puestos en la forma cómo sucedieron los hechos que llevaron a los viajeros a vivir esta pesadilla.
Avianca reaccionó de inmediato públicamente ante estos hechos. “Tal y como siempre ha sido el proceder de Avianca, la compañía aportará toda la información necesaria a la Superintendencia de Industria y Comercio, misma que ha sido ampliamente pública desde abril de 2022, cuando los accionistas de Avianca y Viva firmaron un acuerdo para unificar derechos económicos”, dijo.
Agregó que “vale la pena recordar que las actuaciones de Avianca están plenamente respaldadas por la normatividad aplicable ―Resolución 10930 de 2015―, los precedentes sobre la materia y las normas expedidas por la misma SIC para avalar la separación de negocios, en las que se indica con claridad que el único criterio relevante para evaluar la independencia de las partes es la ausencia de control y la independencia plena”.
El despacho de la vicefiscal general tiene en la mira la crisis que se ha presentado con la aerolínea Viva Air, la cual ha suspendido sus operaciones por la grave crisis económica que atraviesan desde hace varios meses. El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se está evaluando la situación para establecer la apertura de investigaciones de tipo penal.
Sin embargo, Barbosa advirtió que la crisis que se presenta actualmente en esta aerolínea es de carácter administrativo y espera que se resuelva este problema que ha afectado a miles de personas que tenían sus pasajes ya comprados y a última hora les notificaron que no podían volar por la suspensión de las operaciones.
“La señora vicefiscal está al frente del asunto y muy seguramente investigará, pero lo repito, los hechos de carácter social que los resuelvan socialmente. El derecho penal no le va a resolver un problema al Gobierno que probablemente se ha generado por acciones de tipo administrativo. Por eso yo invito a que resuelvan sus problemas y nosotros en paralelo vamos a ver si hay un hecho constitutivo de delito”, precisó.
Esta investigación se suma a la que ya abrió la Superintendencia de Transporte por la suspensión de las operaciones sin informar debidamente a las personas que se encontraban en las salas de espera o que ya tenían los pasajes comprados.
“Le reiteramos a la aerolínea Viva que es su deber mantener los canales de comunicación con los usuarios y hacemos un llamado para que en forma inmediata procure las soluciones que el contrato de transporte les demanda”, advirtió la Superintendencia.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno, directivos de la Aeronáutica Civil, los representantes de Viva Air para buscar una solución a la grave crisis. Mientras tanto, miles de pasajeros se encuentran varados y exigiendo respuestas para poder viajar.
Ese mismo día, el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, realizó una rueda de prensa, en la que hizo un llamado especial a los miles de usuarios de Viva Air que se han visto afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea de bajo costo, para que estos acudan a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El funcionario manifestó que “quisiéramos ver un ‘sicatón’”, refiriéndose a “volcamiento” de los afectados hacia el ente de control y vigilancia, para que este pueda adelantar las acciones que son de su competencia para proteger los derechos de los ciudadanos que se han visto perjudicados por la cancelación o no solución frente a los vuelos que tenían programados con Viva Air.
Con respecto a la atención de la contingencia, manifestó que se han presentado en la jornada de este primero de marzo algunos problemas puntuales en San Andrés, Santa Marta, Riohacha y Leticia. En el caso de los dos primeros destinos, indicó que con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, que puso a disposición dos aeronaves, se están atendiendo la situación con algunos pasajeros que requerían movilidad urgente. Mientras que en los otros dos destinos se está brindando atención con Avianca y Latam.
En el caso de Latam, destacó la incorporación de dos nuevos aviones a la flota disponible en el país, asegurando que con esto “nos va a dar un respiro muy importante en la operación nacional”, al tiempo que afirmó que a pesar de las dificultades que se han presentado en el transporte aéreo, ha habido un respaldo de las aerolíneas para ayudar al país en esta contingencia.
“Mi sensación es que todo el sector está colaborando, en la medida de su tamaño y capacidades, y que la situación va mejorando”, aseguró.
Precisó que en el caso de Ultra Air, su apoyo se ha volcado hacia la atención de los vuelos charter. Mientras que Wingo ha apoyado con su disponibilidad a transportar a los pasajeros que adquirieron tiquetes internacionales, especialmente para ingresar al país.
Escuche a María Isabel Rueda hablar del problema de Viva Air
En cuanto a Easy Fly y Satena, destacó que ambas aerolíneas vienen contribuyendo, según sus capacidades, a movilizar a usuarios de Viva Air en las rutas Medellín-Bogotá, además que han permitido “resolver casos especiales de personas que han requerido una ayuda prioritaria para llevarlos a su destino final”.
El martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó las primeras medidas ante el caos que se desató por la cancelación de vuelos de Viva Air: ordenó que Satena atienda de manera inmediata a los usuarios que se han visto afectados por el caos que se ha desatado con el incumplimiento de los itinerarios de la aerolínea de bajo costo Viva Air.
“Todos ustedes amanecieron hoy con una noticia en la televisión, el tema de Viva, una empresa que se quiebra, deja la gente [en el] aeropuerto con tiquetes vendidos, entonces inmediatamente uno dice: bueno, aquí debería ya operar de inmediato por lo menos a los usuarios Satena, que es hoy por hoy la aerolínea que maneja la Fuerza Aérea colombiana”, sostuvo Gustavo Petro.
Añadió: “No solamente por este caso, sino por otros muchos, como la ruptura de la carretera a Pasto y otros, como la apertura de relaciones con Venezuela, la apertura de posibilidad de líneas de México, Ecuador, etc. Diría que hay un momento estelar donde la empresa podría crecer”.
El problema de la integración
El trasfondo de este problema tiene que ver también con el proceso de integración de Viva Air con Avianca que hoy, según recordó el director de la Aeronáutica, depende la investigación que actualmente adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio contra las compañías.
Cabe recordar que en diciembre pasado, la SIC anunció la investigación tras encontrar presuntas irregularidades en su proceso de integración, el cual al parecer estaría avanzando, pese a que las autoridades aeronáuticas del país aún no habían dado su aval para que esto sucediera. De acuerdo con lo anunciado por este ente de control, en el requerimiento formal para adelantar las averiguaciones se requirió a las empresas Aerovías del Continente Americano S. A.-Avianca, Fast Colombia S. A. S.-Viva Air y Viva Airlines Perú S. A. C. Viva Perú, tras acusarle de haber participado en una operación de integración empresarial sin la previa autorización de la Aeronáutica Civil.
“Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la adquisición de los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú por parte de Investment Vehicle 1 Limited, controlante de Avianca, habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o como mínimo, el inicio de la ejecución de la integración empresarial entre las aerolíneas mencionadas. Sin embargo, la operación en cuestión no fue informada, ni autorizada de manera previa a su realización por parte de la autoridad competente”, dijo la SuperIndustria en un comunicado, publicado en diciembre. Por lo tanto, según lo dicho por esta autoridad de vigilancia y control, las tres empresas presuntamente habrían incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia y podrían ser sancionadas hasta con 100.000 salarios mínimos legales vigentes (100 mil millones de pesos), o hasta por el 20 % de sus ingresos operaciones o hasta con el 20 % de su patrimonio, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2195 de 2022.
En entrevista con Yamid Amat, director de CMI, el director de Aerocivil recordó que la entidad en un primer momento rechazó el proceso de integración porque este representaba riesgos “para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores”, como señaló un comunicado publicado en noviembre pasado.
No obstante, señaló que serán la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Sociedades quienes determinen si la integración entre las dos compañías corresponde a un monopolio. Si las dos entidades consideran que no es así, se daría vía libre a la integración.
Por otra parte, el funcionario presentó primer informe de los resultados del Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado por autoridades de transporte para activar la contingencia por el caos que ha generado la decisión de la aerolínea Viva Air, de permanecer en tierra, con los vuelos suspendidos.
Las estadísticas presentadas por Aerocivil dan cuenta de que, hasta el momento, los pasajeros trasladados, con la participación de otras aerolíneas que abrieron cupos para llevar a los viajeros que permanecían varados en los aeropuertos, son:
Avianca: 5.300 viajeros.
Latam: 2.167 viajeros.
Satena: 13 personas.
Easyfly: 4 viajeros.
En días pasados, la Aerocivil emitió la Resolución 349 del 24 de febrero de 2023, donde admite la intervención de otras empresas del sector aéreo que están interesadas en el proceso.
En el acto administrativo se indica que, tras cumplirse los tiempos establecidos para que las aerolíneas interesadas presentaran sus respectivas consideraciones, en atención a la Resolución 300 del 17 de febrero de 2023, reconoció la solicitud de terceros interesados presentada por Ultra Air, Wingo, Latam, JetsMart y Aerolíneas Argentinas S.A. sucursal Colombia.
En el documento se señala que las aerolíneas antes mencionadas “sustentaron su intención de ser reconocidos como terceros interesados porque sus derechos y situación jurídica se verían afectados y/o se generarían perjuicios con ocasión de la aprobación de la operación proyectada, traduciéndose en la limitación en la capacidad para competir de las aerolíneas”.
Dentro de esas consideraciones negativas que las aerolíneas reconocidas como terceras interesadas advierten, de caso de que se apruebe la integración de Avianca y Viva Air, se encuentra que: hay un alto grado de concentración de participación de rutas; limitación en el acceso de la infraestructura aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional El Dorado; y posibilidad de ejecutar prácticas que generen efectos “exclusorios” coma la de ofrecer de manera témpora precios bajos para generar barreras de entrada.
“Han sido las mismas empresas intervinientes quienes han reconocido que, como consecuencia de la operación proyectada, se generarían unos efectos nocivos a los distintos mercados en el que estas participan y en los que el ente resultante de la operación participaría”, se lee en la resolución y en la que además se menciona que las aerolíneas reconocidas como terceras interesadas “reconocen que el análisis del impacto competitivo de la transacción arrojaría resultados de incrementos sustanciales en las participaciones de mercado combinadas, y como resultado, un incremento en los niveles de concentración, asimetría y dominancia”.
Afirma la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales, de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, los motivos aducidos por los terceros interesados “resultan ser razones suficientes y fundadas para obtener su reconocimiento en el presente proceso”, por lo que manifiesta que “más allá del examen de fondo que en su momento le corresponda realizar a esta Dirección, los hechos enunciados como alto grado de concentración de las rutas, limitación en el uso y explotación de los slots del Aeropuerto Internacional El Dorado, así como la posibilidad que se cree el riesgo de materialización de conductas explotativas y exclusorias resultan ser inferencias razonables de las condiciones de la operación proyectada que resultan ser suficientes para probar la calidad de tercero interviniente en el presente trámite”.
Finaliza la resolución emitida por la Aeronáutica Civil expresando que contra la decisión proferida “no procede ningún recurso”.